Una tormenta se ha desatado en el ámbito del fútbol colombiano debido a una investigación exhaustiva llevada a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio. Esta entidad ha recomendado la sanción del Dimayor y a un total de 17 gerentes por presuntas prácticas anti-competitivas que habrían perjudicado la Negociación libre de jugadores de fútbol. Esto ha generado un gran revuelo entre todos los actores involucrados en el deporte, desde clubes hasta jugadores.
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El informe en cuestión, que abarca más de 350 páginas, menciona a ex presidentes del Dimayor como Jorge Enrique Vélez y Fernando Jaramillo, así como al actual presidente, Carlos Mario Zuluaga. Según los hallazgos del documento, los implicados estarían asociados a Vetos y listas negras coordinadas que habrían sido implementadas con el fin de restringir la movilidad de los jugadores entre distintos clubes. Esta situación ha suscitado alarmas en el circuito del fútbol colombiano, donde la libertad de movimiento debería ser un derecho fundamental para los futbolistas.
Las acusaciones tienen su origen en 2011, cuando la organización Acolfutpro comenzó a recoger evidencias de estas prácticas. Entre las pruebas recolectadas se encuentran conversaciones del grupo conocido como «G-36», que integraba a 46 gerentes de diferentes clubes. En estos intercambios, personas como Ramiro Ruiz Londoño, actual presidente de Envigado, solicitan de manera explícita que se frenen los fichajes de jugadores que han decidido no renovar con sus respectivos clubes, evidenciando así una clara intención de controlar el movimiento de futbolistas en el mercado.
El informe de la Superintendencia sostiene que Estos comportamientos protegieron el interés de los clubes y de los empleadores, a expensas de los derechos de los jugadores. Esto no solo limitó las oportunidades laborales para los futbolistas, sino que además obstaculizó la competencia justa entre los clubes, los cuales deberían operar dentro de normativas que fomenten la equidad y la libre negociación.
En consecuencia, ahora es responsabilidad de la superintendente Cielo Rusinque determinar si se deben imponer sanciones a clubes como Tolima, Envigado, Una vez Caldas, Pasto y Unión Magdalena, entre otros. La evaluación del papel del ex presidente José Augusto Cadena también está en la mesa, ya que se revisa su implicación en la emisión de circulares que podrían haber influido en esta problemática.
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