SpaceX ya no es sólo una empresa de cohetes desde hace años, sino uno de los actores más cruciales del ecosistema tecnológico y estratégico de Estados Unidos. Su capacidad de lanzamiento, su papel en las comunicaciones por satélite y su vinculación con el sector de la defensa le confieren una posición de enorme importancia, especialmente notable para una empresa todavía de propiedad privada. En este contexto, las preguntas sobre quién podría invertir en su estructura adquieren un significado diferente y mucho más sensible. Lo que está en juego ya no es sólo el negocio, sino también el impacto en las infraestructuras que se consideran críticas.
la pregunta. La senadora demócrata Elizabeth Warren y el senador demócrata Andy Kim enviaron una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, pidiendo una revisión inmediata de SpaceX a la luz de información que indica posibles inversiones chinas ocultas en su capital. según Reuters. En Estados Unidos, este tipo de comunicación no implica que haya una investigación en curso o una conclusión previa, pero activa controles y equilibrios políticos y fija plazos de respuesta concretos.
Capital privado y puertas laterales. Para entender por qué esta investigación política es tan delicada, vale la pena observar la naturaleza de SpaceX. La empresa no cotiza en bolsa ni tiene un símbolo bursátil público porque opera como una empresa privada, lo que limita la información financiera disponible y restringe la compra de acciones al público en general. La financiación provendrá principalmente de rondas de inversión privadas y ventas secundarias entre inversores existentes. Este modelo completamente legal también hace que sea más complejo rastrear exactamente quién tiene participación en la propiedad en un momento dado.
El rastro del dinero. En su carta, los senadores citan información periodística y testimonios judiciales que indican un posible acceso indirecto a SpaceX por parte de capital vinculado a China. Estos fondos habrían sido canalizados a través de empresas registradas en jurisdicciones como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes Británicas para ocultar la compra de acciones. El debate no gira tanto en torno a la legalidad de estos vehículos financieros habituales en los mercados internacionales, sino más bien en la dificultad de descubrir quién está realmente detrás del dinero. La agencia de noticias antes mencionada. añade precedente en Delaware: Un juez respaldó la decisión de sacar a un inversor chino de un vehículo creado para comprar acciones de SpaceX y devolver 50 millones de dólares.
Preocupación adicional. En su carta, Warren y Kim advierten que la participación de China en SpaceX «podría representar una amenaza a la seguridad nacional y potencialmente poner en peligro infraestructura militar, de inteligencia y civil crítica». Este escenario activaría las llamadas reglas FOCIcentrado en la propiedad, el control o la influencia extranjeros en empresas con contratos sensibles y podría abrir la puerta a una revisión por parte del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos. De momento todo está dentro del alcance de la evaluación preventiva exigida por el Pentágono.
¿Quién está a cargo si no contribuyes? La percepción de que SpaceX es propiedad exclusiva de Elon Musk simplifica una realidad más matizada. Según El Guardián, Su participación se estima en torno al 42%, lo que deja espacio para accionistas externos que también asumen riesgos y expectativas sobre el rumbo de la empresa. Algunos de estos inversores institucionales han hecho de SpaceX una de sus principales participaciones. En una empresa privada, donde hay menos controles públicos, este equilibrio entre liderazgo personal y capital distribuido es particularmente importante.
Un imperio más integrado. La discusión sobre la inversión extranjera también llega en un momento en que el alcance tecnológico de SpaceX se está expandiendo. SpaceX ha anunciado la compra de xAI, reuniendo capacidades de inteligencia artificial, comunicaciones y acceso al espacio bajo un mismo techo. Este movimiento, como describe nuestro compañero Javier Lacort, reúne a portavoces de infraestructuras críticas y medios de comunicación, combinación que hace compleja la idea de regular un conglomerado de estas características.
Fecha en el calendario. Los senadores pidieron al Departamento de Defensa una respuesta antes del 20 de febrero, fecha límite que debería permitir una clarificación inicial sobre el alcance del asunto y qué medidas piensa tomar el Pentágono. Hasta entonces no es posible sacar conclusiones. Pero el episodio deja una señal más amplia: cuando una empresa privada concentra tanta capacidad, las dudas sobre su financiación trascienden el ámbito empresarial y penetran de lleno en el ámbito estratégico.
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