Colombia es un país reconocido a nivel mundial por su megadiversidad, debido a la gran variedad de especies y ecosistemas existentes en su territorio. A su vez, es un país con una larga historia de conflicto armado interno y de concentración de la tierra, lo cual ha dado lugar a la colonización de lugares estratégicos para la protección ambiental.
El panorama
«A lo anterior se suma la falta de regularización en la tenencia de la tierra, así como el escaso diálogo entre las políticas de acceso, protección ambiental y las llamadas políticas de desarrollo. Por ello, no es de extrañar que un número importante de solicitudes de restitución, elevadas por las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras en el marco del conflicto armado, presenten superposiciones con diferentes categorías ambientales, que podrían generar algún tipo de limitantes para la restitución material o para el desarrollo de proyectos productivos».
Congreso ‘Avances y retos de la restitución de tierras a 2031’, en Cali, Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
Este es parte del boletín del Observatorio Jurisprudencial de la Unidad de Restitución de Tierras, donde señalaron que con anterioridad a la expedición del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 – 2026 y del decreto 1623 de 2023, la restitución a las víctimas se encontraba restringida en casos de explotadores de baldíos.
Hoy se busca que la restitución de tierras fortalezca la resiliencia de las comunidades rurales y contribuya a la restauración de ecosistemas degradados, con un enfoque que aporta a la reparación integral de quienes habitan estos territorios. «Dicho enfoque entiende el papel de las comunidades étnicas y del campesinado como actores en la protección ambiental», dice el boletín presentado durante el congreso ‘Avances y retos de la restitución de tierras a 2031’, realizado en el hotel Intercontinental del 4 al 6 de agosto.
Congreso Nacional de Restitución de Tierras en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
La muestra total vinculó 6.982 sentencias de restitución, con una temporalidad que inicia el 22 de enero de 2012 y finaliza el 11 de enero de 2024, en la que se estimó que 1.108 de estas sentencias representan 1.135 predios y cuentan con al menos una categoría ambiental, situación que se analizará en seguida.
«Las categorías más predominantes de superposiciones ambientales, en los predios en los que se reconoció a través de pronunciamiento judicial el derecho de restitución de tierras, son: rondas hídricas, con 648 predios; Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) con 320 predios; áreas de reserva forestal de Ley Segunda de 1959, con 271 predios; así como ecosistemas de humedales, con 54 predios. Es importante aclarar que en algunos casos figuran predios que tienen superposición con más de una categoría ambiental, al no ser excluyentes entre las mismas», dice el informe.
Reconocieron derecho a la restitución jurídica y material por área forestal
Congreso ‘Avances y retos de la restitución de tierras a 2031’, en Cali. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
«Se identificó, de igual manera, que con corte a 28 de junio de 2024 se pronunció un total de 38 juzgados civiles especializados en Restitución de Tierras y los cinco tribunales superiores, en sentencias que hacen referencia a predios que presentan este tipo de superposiciones», se lee en el boletín.
Adicionalmente, se pudo identificar que los departamentos en los que es más frecuente Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Cesar, seguidos de Cauca, Caldas, Putumayo, Meta, Magdalena y Santander.
«Cobra también especial relevancia la sentencia número 86 del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán, en la que se reconoció el derecho fundamental a la restitución jurídica y material y formalización de tierras, a la Asociación Jardín Botánico Las Delicias, ordenando a entidades como la Corporación Autónoma Regional del Cauca y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt diseñar y establecer procesos de conservación y uso racional del área forestal protectora del predio, asegurando su sostenibilidad y evitando su degradación. Además, se establece la necesidad de realizar un monitoreo continuo del estado del área forestal y de las medidas de conservación implementadas, para garantizar su efectividad y realizar ajustes si es necesario, lo que fomenta la participación de la comunidad local en los procesos de protección del área forestal», dice el boletín.
Desde 2012 y hasta la fecha se han expedido 12.948 sentencias de todo tipo en el país
Claudia Regina Expósito, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, dijo: «La justicia transicional en Colombia ha generado importantes aportes en materia de reparación a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras. En efecto, como todos sabemos se ha establecido un mecanismo especializado ya aquí para restablecer los derechos sobre la tierra de quienes fueron despojados o desplazados, el cual ha permitido reconocer oficialmente a las víctimas como sujetos de derechos, facilitándoles un camino jurídico para recubrir sus tierras. Un camino que en la justicia ordinaria difícilmente hubiera prosperado en medio del conflicto.
Destacó «como principales aportes de esta justicia los siguientes. La reparación, en primer lugar, efectiva de las víctimas del conflicto. La justicia restitutiva ha logrado llevar el lenguaje de los derechos de las víctimas al cero de nuestra rama judicial, (concretando en fallos de acciones judiciales lo que antes eran promesas en el papel. Ha devuelto tierras, pero también ha devuelto dignidad y confianza en el Estado a personas que lo habían perdido todo (…). En segundo lugar, la contribución a la paz y la resolución de un problema histórico. Al restituir la tierra a quienes la perdieron por la violencia, la justicia restitutiva ataca una de las causas estructurales del conflicto colombiano, la tenencia injusta de la tierra y el despojo violento».
Añadió: «En combinación con la reforma rural integral del Acuerdo de Paz, la restitución sienta las bases para una distribución más educativa de la tierra y para que comunidades que habían sido expulsadas retornen, evitando nuevos conflictos locales. En tercer lugar, las innovaciones judiciales y legales».
Considera que «esta experiencia de la restitución ha generado desarrollos que sirven de referentes para otras áreas. Por ejemplo, la figura del tercero de buena fe exento de culpa, el segundo ocupante que recibe la compensación, la cual, ha sido desarrollada por nuestros jueces de restitución de tierra y que ha sido replicada en otros contextos de justicia transicional. Además, la ley otorgó medidas judiciales y administrativas extraordinarias, por ejemplo, las presunciones probatorias a favor de la víctima, la inversión de la carga de la prueba, la suspensión de procesos contradictorios, entre otras».
Opinó: «Todo ello para hacer efectiva la restitución, entendida esta como una forma de reparación integral y de garantía de no remedición. En cuarto lugar, el fortalecimiento institucional y cultural en la rama judicial. La implementación de esta restitución ha implicado para la rama judicial la creación de nuevas dependencias, formas de trabajo y, lo más importante, sensibilidades».
La magistrada manifestó que la cultura organizacional se ha enriquecido con valores como la empatía con la víctima, el enfoque diferencial y el uso de la tecnología, gracias en parte a este método del proceso de restitución de tierra. «Este es un aporte muy antiguo, pero significativo. La justicia restitutiva ha servido de laboratorio para modernizar y humanizar la administración de justicia en Colombia, en su propio».
Dijo que la rama judicial sigue siendo un pilar fundamental en la construcción de un camino hacia la justicia. Resaltamos la labor del Consejo Superior de la Judicatura en el fortalecimiento de la oferta de justicia especializada, destacando que desde el año 2022 hemos aumentado de manera permanente la especialidad con la creación de ocho juzgados en el 2022 y seis en el 2023.
«Actualmente, contamos con 48 juzgados permanentes especializados en la restitución de tierras en todo nuestro mapa judicial, distribuidos de la siguiente manera, 43 juzgados civiles especializados y cinco juzgados civiles del circuito especializado con enfoque equilibrado. Y tenemos hoy en día un juzgado transitorio en la Ciudad de México. También contamos con 15 despachos de magistrados especializados en la restitución de tierras, distribuidos en cinco salas de tribunal ubicadas en Antioquia, Bogotá, Cali, Cartagena y Cúcuta. Y existen dos despachos transitorios en Antioquia y Cartagena. Esto refuerza nuestra capacidad de respuesta en el territorio», aseveró.
Anotó que la labor de esta justicia especializada es monumental. Desde 2012 y hasta la fecha se han expedido 12.948 sentencias a lo largo y ancho del país, lo que evidencia el impacto tangible de nuestra tarea. Se destaca además que en el periodo reciente de 2024, con corte a marzo de este año, según cifras de la unidad técnica asesora de Desarrollo y Análisis Estadístico, hubo un total de 144.894 solicitantes de tierras.
«Asimismo, con información obtenida por el Observatorio Jurisprudencial de la Unidad de Restitución de Tierras, podemos señalar que con corte al 3 de abril de 2025, las sentencias de restitución de ruta individual han beneficiado a 47.990 personas con fallos en los que se ha ordenado la restitución de los predios despojados o abandonados. Estas decisiones le devuelven la esperanza, la dignidad y la tierra que les fue arrebatada por la violencia en años anteriores», declaró.
«Deben destacarse también los importantes avances y aportes realizados por la justicia especializada en restitución de tierras en la aplicación del enfoque de género incluido desde la concepción de la ley 1448 de 2011 para reconocer y favorecer a las mujeres rurales víctimas de la violencia y el despojo forzado. De la misma manera, hay que advertir que el compromiso de esta justicia especializada no se limita exclusivamente a la emisión de la sentencia. La fase de post fallo que es crucial para la finalización de los derechos también muestra avances que son significativos», expresó.
«A la misma fecha que he mencionado, es decir, con corte al 30 de abril de 2025, se han cumplido 7.808 órdenes de proyectos productivos familiares en sentencias de ruta individual, lo que representa el sustento y la reconstrucción económica para miles de familias. Así las cosas, es claro que la implementación y el trabajo de la justicia especializada en restitución de tierras a cargo de la Cámara Judicial ha tenido un impacto importante en la transformación del país para lograr impartir justicia a miles de colombianos que estaban necesitando ella. Aunque a la fecha, por distintas circunstancias, no se ha podido cumplir con las metas propuestas frente a la creación de esta justicia especializada, sí se han logrado, como lo mencioné, avances importantes en la materia que repercuten de una manera directa en la regularización de la posición de la tierra en el país».
Todo esto entendiendo que la responsabilidad del funcionamiento y de la efectividad de la especialidad no depende únicamente de la rama judicial, sino del trabajo comprometido de todos los actores que hacen parte o que hacen parte de la misa. La Corte Constitucional ha determinado que el fenómeno de la mora judicial es multicausal y no atribuible únicamente a la rama judicial, y en el caso de los procesos de restitución de tierras, concluyen distintos factores. Tenemos aún persistencia del conflicto armado que dificulta el acceso a zonas rurales, límites presupuestales y operativos, y trabas en la articulación interinstitucional para cumplir las órdenes de los jueces.
«Yo quiero relacionar cuáles serían esos desafíos que tenemos pendientes y que han mencionado nuestro mayor aquí y que es el objetivo o uno de los objetivos de este encuentro, cuáles son los desafíos que tenemos que sentarnos a conversar precisamente para cumplir esos objetivos de la ley. En primer lugar, activizar las etapas de los procesos administrativos iniciales y post fallos sin sacrificar las garantías procesales sustanciales. La experiencia nos ha demostrado que pese a los grandes avances, las víctimas siguen reportando que tanto las etapas administrativas como judiciales y de post fallos en estos procesos presentan demoras significativas, especialmente una vez se emiten los fallos porque algunas (sentencias darán meses, inclusive años, en ejecutarse por parte de las entidades que son representantes de esa ofensa estatal», indicó.
Mencionó en segundo lugar, fortalecer la articulación interinstitucional. Para esto, afirmó quehay mecanismos como los de las mesas de seguimiento inicial, como las cuales de todas las entidades que estamos presentes en el día de hoy, la Defensoría, la Postulabilidad, autoridades locales que han demostrado que son eficaces para facilitar la gestión de casos concretos y la superación de las barreras En tercer lugar, mejorar con mucho respeto, se los digo acá, la calidad de los expedientes administrativos y para ello debemos avanzar mayor en una coordinación más técnica y cumplida entre la unicunidad de la institución de tierra y los despachos judiciales que permita una judicialización más oportuna y más eficaz.
Dijo, en cuarto lugar, que se debe fortalecer la formación y la actualización judicial. «El proceso en la institución de tierra requiere una preparación continua y especializada. Seguiremos trabajando a través de nuestra escuela judicial Rodrigo Lara Rodilla, creando espacios de capacitación de manera permanente», expresó.
«Quiero destacar que la página web de la rama judicial cuenta con herramientas valiosas que apoyan la labor de todas las autoridades administrativas y judiciales encargadas de este proceso de institución de tierra. En quinto lugar, sistematizar buenas prácticas y aprovechar el uso de las fiestas. (12:32) Es necesario concentrar esfuerzo en sistematizar las buenas prácticas que después de 14 años de entrada en vigencia de la ley de víctimas se han desarrollado, para poder replicarlas en otros territorios y darlas a conocer en todo el país», dijo la magistrada Expósito.
«Por eso, quiero anunciar que en los próximos meses estaremos lanzando unas mejoras en los aplicativos de sistematización de las sentencias y sistemas de información de la rama judicial con una plataforma más moderna que incluye la sistematización de información relacionada con tierras y tierras. Además, para facilitar la labor de la platería y las gestiones de búsqueda y consulta de jurisprudencia, se incorporarán las categorías y términos normalizados que permitirán hacer las herramientas más intuitivas y accesibles. En sexto lugar, garantizar ese apoyo político y presupuestal sostenido, señora ministra, que ese respaldo político y financiero sigue siendo un pilar esencial», dijo la magistrada.
«Necesitamos ese apoyo porque estamos en esa labor de revisar nuestros mapas judiciales, lo estamos revisando en la institución de tierras, porque ya es hora, después de la entrada en vigencia de 14 años, necesitamos establecer dónde se concentra más nuestra demanda de justicia. Es decir, para llevar al territorio realmente ese juez que se necesita para resolver esos conflictos», sostuvo la magistrada Expósito.
«Ese respaldo político, como lo mencioné, y financiero, y por supuesto, el llamado de nuestra Corte Constitucional a superar ese estado de cosa constitucional, son recordatorios de que el proceso de restitución requiere continuidad, decisión institucional y voluntad estatal para seguir restituyendo a las víctimas del conflicto armado. Y por último, honrar esa promesa de justicia a las víctimas. Para finalizar, es importante precisar que la rama judicial se encuentra comprometida también con la implementación de la modificación agraria y rural mediante la creación de los juzgados y tribunales agrarios y rurales», indicó.
Sin embargo, advirtió que para la efectividad de aquella es indispensable, nuevamente lo traigo aquí, la colaboración institucional con todos los factores a los que la ley les ha otorgado competencias en el tema. «Con esto se garantizará el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia desde las particularidades de los conflictos que se presentan a lo largo del territorio nacional. Esto conllevará a una seguridad jurídica para quienes acuden a esta jurisdicción, particularmente en el contexto donde existen los conflictos por la tierra», puntualizó.
«La justicia social y la justicia agraria pasan por una construcción colectiva de redes institucionales y políticas públicas que son cruciales para el empoderamiento legal de las poblaciones rurales y para el fortalecimiento del poder judicial en la resolución pacífica de los conflictos agrarios y rurales. Con estas claridades expuestas, en las que se evidencia el trabajo serio que ha venido desarrollando la rama judicial en las materias señaladas y la identificación de los desafíos a enfrentar, no me resta sino reiterar el compromiso de nuestra corporación, la cual aquí estoy representando como magistrada coordinadora de restitución de tierras, en este fortalecimiento de la justicia transicional de restitución de tierras, así como en la implementación que aprovecho ya para dar esos pasos sobre la implementación de nuestro montaje de nuestra jurisdicción agraria y rural. Especialidades que notarán a la ciudadanía del mecanismo para lograr la prevención y justicia que se requiere y contribuirán a saldar la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con las poblaciones rurales en cuanto a la distribución de la tierra y la reducción de la conflictividad en el territorio», manifestó.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
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