El Tribunal Penal local 17, encargado de la función de control y garantías en Barranquilla, ha ordenado el arresto domiciliario de Dolores Meza Caballero, el segundo notario público de la ciudad, tras ser acusada por la oficina del fiscal de estar supuestamente involucrada en una red delictiva que facilitó la apropiación ilegítima de tierras tanto públicas como privadas.
Meza Caballero ha sido procesada por delitos especializados en apropiación indebida, participación en la Asociación de Delitos contra la Administración Pública y Urbanización Ilegal, según la acusación formulada por el octavo fiscal delegado ante una administración especializada en corrupción. Un empleado de la corte expresó que no aceptaba las acusaciones que se habían presentado.
El juez ha decidido aceptar un recurso de confianza en el lugar de residencia de la acusada, teniendo en cuenta su edad y una condición de hipertensión que presenta, de acuerdo con fuentes judiciales.
De acuerdo con la investigación realizada por la oficina del fiscal, el notario público jugaría un papel clave en la legalización de documentos falsificados que permitieron la venta de tierras públicas, incluyendo un área verde destinada a un parque en la comuna de soldados y bienes raíces que estaban reservados para la construcción de un Megacolegio.
Estos actos facilitaron la comercialización fraudulenta de parcelas que tendría un valor estimado de unos 50 millones de pesos, lo cual representa una defraudación total aproximada de 22 mil millones de pesos sobre una extensión de cerca de 277,000 metros cuadrados.
Marco para la apropiación de tierras públicas
El nombre de Meza Caballero está asociado con otros 17 individuos que fueron procesados durante esta operación anticorrupción. Muchos de ellos son funcionarios o exfuncionarios de la Administración de Lonelidad y de las Oficinas de Instrumentos Públicos.
17 detenidos en caso de robo de tierras. Foto:Policía
Las autoridades han indicado que esta red delictiva ha permitido la creación de un registro irregular de bienes raíces, la anulación de resoluciones judiciales y la ocupación ilegal de tierras utilizando documentos falsos emitidos por la policía para individuos.
Entre los funcionarios implicados, la oficina del fiscal menciona a registradores que han omitido revisar la legalidad de los títulos, así como notarios que protocolizaron documentos sin verificar impuestos, antecedentes legales y requisitos legales, incumpliendo así su deber de controlar los documentos registrados. También se identificaron a inspectores de policía que justificarían la ocupación irregular de tierras públicas mediante prácticas irregulares.
Este escándalo, que ha salido a la luz recientemente, ha llamado la atención del Presidente Gustavo Petro, quien considera que la apropiación indebida afectará el patrimonio público, retrasando proyectos urbanísticos como jardines y centros culturales destinados a niños, además de generar un caos legal que impacta directamente a cerca de 1800 familias.
Las autoridades se han asegurado de que esta sea solo la primera etapa de un proceso de investigación más extenso.
Tanto la oficina del fiscal como la Policía Nacional continúan recolectando pruebas para llevar a todos los presuntos culpables de este esquema de corrupción ante la justicia.
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