Recientemente, el Consejo del Gremio ha manifestado su creciente inquietud mediante una declaración oficial, particularmente en referencia a la resolución 00052 de 2025 emitida por el Ministerio de Agricultura. Esta normativa, según el Gremio, que constituye una parte integral del sector agrícola, representa una limitación significativa del derecho fundamental a la libre asociación. Se trata de un asunto que afecta no solo a los sindicatos agrícolas, sino también al conjunto de agentes económicos que operan en este ámbito.
El respeto a la autonomía es esencial para cualquier agente económico, y el Gremio Económico subraya que la libertad para asociarse no es solo una cuestión de moderación administrativa, sino una garantía constitucional que debe ser defendida enérgicamente. En este contexto, es necesario recordar que la Constitución otorga a cada individuo el derecho de libre asociación, y este derecho no puede ser conculcado ni restringido por decisiones gubernamentales que no estén fundamentadas en intereses legítimos y claros.
En su declaración, el Consejo del Gremio alerta sobre los peligros de las intervenciones arbitrarias en las unidades privadas que pueden derivarse de esta resolución. Resalta que se le otorga al gobierno un poder desmedido que le permite controlar y solicitar información financiera de los sindicatos independientes, lo que no solo pone en riesgo la integridad de estas organizaciones, sino que también amenaza la forma en que se gestionan y representan los intereses de sus miembros. Además, esta medida permite que el gobierno tenga la facultad de eliminar a las administraciones y representantes legales de diversas asociaciones, lo que podría llevar a malentendidos y conflictos internos que afecten la operatividad de las mismas.
El Gremio también señala que el hecho de que el gobierno tenga la capacidad de interpretar los estatutos sindicales de acuerdo a su conveniencia, sin ningún tipo de contrapeso o revisión, genera un ambiente propenso a la manipulación y al abuso de poder. Esta situación podría permitir intervenciones injustificadas en las congregaciones, lo que pone en entredicho la libertad de los agricultores y trabajadores del sector para organizarse y defender sus intereses. Este escenario no solo es preocupante desde el punto de vista legal, sino que también puede provocar un deterioro en la confianza de los agentes económicos hacia las instituciones gubernamentales.
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Ante estos preocupantes desarrollos, el Gremio económico hace un llamado urgido al gobierno a que reconsidere estas medidas restrictivas y que, en lugar de limitar la libre asociación, se garantice el respeto pleno por este derecho fundamental. La colaboración entre el gobierno y los sectores productivos es fundamental para lograr una economía más justa y sostenible, y para ello se necesita un marco regulatorio que apoye y no agreda la libertad de organización de los trabajadores y agricultores.