En un evento que tuvo múltiples interpretaciones a nivel simbólico, tanto desde el respaldo como desde la desaprobación, el pasado 21 de junio el presidente Gustavo Petro realizó un acto público en el centro administrativo de La Alpujarra, en Medellín, enmarcado en la política de paz urbana que promueve el Gobierno y que se ve materializada, en la capital de Antioquia, a través de la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí.
Dicha figura en la que, en esencia, se llevan a cabo diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y los principales cabecillas convictos de los grupos delincuenciales organizados que operan en Medellín y su área metropolitana, ha generado múltiples polémicas por sí sola, más allá del objetivo bajo la cual se instaló: la paz en los barrios de Medellín.
En nombre del Gobierno Nacional, la delegación está liderada por la senadora antioqueña del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien es la cara visible de este espacio de conversación con los máximos capos de los GDO.
La Alpujarra fue la sede para la aparición pública del presidente en Medellín. Foto:Jaiver Nieto Álvarez
En esa línea, ante la visita y el acto público del Presidente de la República en Medellín, a pocas horas de la alocución del jefe de estado, en el centro administrativo de la ciudad, buses y funcionarios del Inpec fueron avistados por los asistentes al evento, lo cual generó intriga.
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El polémico ‘Tarimazo’
Luego empezó a correr un rumor que con el paso de los minutos, no solo tomó fuerza, sino que se hizo realidad: los convictos jefes de las estructuras criminales de la ciudad, vinculados a la mesa de la cárcel de La Paz, iban a estar presentes como público asistente del evento del presidente Petro.
Unas horas más tarde de lo que tenía planeado, el Presidente llegó al escenario que se instaló en La Alpujarra para su presentación, ante la espera y expectativa de una multitud de seguidores. Pero tras comenzar el acto, de manera oficial, hubo un gesto que desató una ola de críticas al jefe de estado.
Los diez integrantes de la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí que asistieron al evento y que previo a la llegada del presidente, estuvieron custodiados por un robusto esquema de uniformados del Inpec y acompañados por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y la senadora Zuleta, fueron llamados al escenario para acompañar al presidente y demás figuras del Gobierno Nacional presente en la capital de Antioquia.
Los miembros de la mesa de paz estuvieron escoltados por miembros del Inpec. Foto:Jaiver Nieto Álvarez
Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Walter Alonso Román, alias El Tigre; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa y Elder Darbey Zapata Rivera. alias Grande Pa se pararon a la ‘siniestra’ del presidente Gustavo Petro y instantes después, tuvieron la oportunidad de dirigirle unas palabras.
El vocero designado fue Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, quien habló de varios temas: el atentado contra el fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el reclutamiento de menores de edad para las estructuras criminales de la ciudad, las dinámicas de la guerra urbana, el valor de la mesa de diálogo y los logros de la misma para disminuir los índices de homicidios en la ciudad, según lo aseguró el máximo cabecilla del GDO ‘El Mesa’.
Finalizado el acto del presidente, se produjeron múltiples cuestionamientos en torno del mismo, la gran mayoría, al respecto de la presencia de los cabecillas en el centro administrativo de la ciudad.
Posteriormente, se cuestionó si, de base, era legal la presencia de estos individuos allí. Así fue como se conoció que fue la senadora Isabel Zuleta la que solicitó el permiso y traslado de los integrantes de la mesa de paz, desde la cárcel de Itagüí, hasta el acto del presidente.
Alias Vallejo le dirigió unas palabras, en nombre de la mesa de paz, al presidente Petro. Foto:Jaiver Nieto Álvarez
Zuleta tramitó la salida de los ‘capos’ el 19 de junio, dos días antes del evento del Presidente. En ese mismo documento estableció que los 10 cabecillas regresarían a la cárcel La Paz, de Itagüí, donde están recluidos en el marco de las negociaciones con el Gobierno Nacional.
En dicho documento se lee: «Se ordena la remisión de las personas privadas de la libertad en mención de la cárcel La Paz hasta el lugar mencionado (La Alpujarra), en la fecha señalada de conformidad con lo expuesto en la parte que motiva este acto administrativo. Los privados de la libertad deberán ser regresados a su lugar de origen de inmediato, una vez culminen las diligencias señaladas».
Adicionalmente, en el documento firmado por el director de Custodia y Vigilancia encargado del Inpec, Rolando Antonio Ramírez, se dejó constancia que el traslado de los cabecillas se realizaría bajo alta y media seguridad para evitar cualquier proceso de fuga o rescate.
Este fue el documento del trámite de la salida de los miembros de la mesa de paz urbana. Foto:Suministrada.
A pesar de la validez y legalidad del documento, un concejal de Medellín presentó una queja disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro Urrego, ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por lo ocurrido en el llamado ‘tarimazo’ de Medellín.
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La denuncia y sus puntos clave
Se trata del concejal del Movimiento Político Creemos, Alejandro De Bedout Arango, quien se dirigió al Congreso de la República con un documento firmado, cuyo asunto era oficializar una queja contra el jefe de estado.
«Queja disciplinaria contra Gustavo Petro Urrego, por participación indebida en política, proselitismo abierto, utilización ilegítima de recursos públicos, convocatoria irregular a Asamblea Nacional Constituyente por fuera del orden constitucional, hostigamiento a autoridades territoriales, y presencia de condenados por delitos graves vinculados a estructuras armadas ilegales en evento oficial del Gobierno Nacional realizado el 21 de junio de 2025 en Medellín», se lee en el apartado del ‘asunto’ del documento.
En el documento de 11 páginas, remitido al Congreso el 22 de junio, el concejal de Medellín enumeró nueve hechos ocurridos durante el acto público del presidente, con el objetivo de que la Comisión evaluara «si hay lugar a adelantar alguna actuación dentro del marco legal aplicable respecto del señor Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y su equipo».
Denuncia del concejal Alejandro de Bedout contra el presidente Gustavo Petro por el ‘tarimazo’. Foto:EL TIEMPO.
EL TIEMPO tuvo acceso al documento de la denuncia, en el que De Bedout inicia señalando la presencia en el evento del exalcalde Daniel Quintero Calle como un hecho de proselitismo político. Esto, según el concejal, en tanto la presencia del hoy imputado exmandatario de Medellín recibió trato preferente por parte del equipo de Gobierno y fue objeto de exaltación simbólica. Además, De Bedout señala que se hizo lo propio con los símbolos del Movimiento Independientes, el partido político liderado por Quintero al que se le anuló la personería jurídica meses atrás.
En ese sentido, el concejal del partido Creemos indicó que se podría constituir una infracción directa al régimen de propaganda política y a principios electorales, en tanto, «la utilización de bienes, escenarios y medios institucionales para resaltar la imagen de un actor político sin estatus legal reconocible atenta contra la legalidad y el equilibrio de la contienda política».
El concejal también señaló que desde el escenario de La Alpujarra se convocó, sin sustento legal, a una Asamblea Nacional Constituyente. Según explicó De Bedout en la denuncia: «Tal iniciativa, lanzada en un contexto proselitista y sin respaldo normativo del Congreso de la República, configura una instrumentalización del poder presidencial para incidir en la arquitectura constitucional».
Del mismo modo, en el documento se hace referencia a los apartes de las intervenciones del presidente y la senadora Zuleta en los que estos se dirigieron a varias figuras políticas de la ciudad, incluyendo al Alcalde de Medellín y al Gobernador de Antioquia, quienes se han declarado abiertamente en oposición al gobierno actual en múltiples oportunidades.
Según De Bedout, «se utilizaron recursos públicos para hostigar y desacreditar a autoridades electas, como el Alcalde de Medellín y Concejales de Medellín, en contravía de los principios democráticos de respeto institucional y deliberación pluralista».
Hechos señalados por el concejal Alejandro De Bedout en su queja presentada al Congreso. Foto:EL TIEMPO.
En la denuncia también se pone la lupa sobre la ejecución presupuestal que requirió el evento. En ese sentido, el concejal cuestionó que a la fecha no se ha emitido ningún documento oficial que sustente el gasto para el mismo.
Luego, sobre el final del documento, se hace mención al asunto que desembocó en las polémicas alrededor del evento: la presencia de los integrantes de la mesa de paz.
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Sustentos, solicitudes y compulsa de copias
En esa línea, el concejal aseguró: «El evento contó con la presencia física, custodiada y destacada, de varios ciudadanos actualmente privados de la libertad en la Cárcel de Itagüí, condenados por delitos especialmente graves. Estas personas, integrantes de la autodenominada ‘Mesa de Paz Urbana’, fueron trasladadas al evento con acompañamiento del Inpec, bajo conocimiento del Ministerio de Justicia y del Derecho y en presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional. Su aparición no respondió a un acto formal de diálogo con sustento jurídico visible, ni estuvo acompañada de referencia alguna a procesos de justicia transicional, dejación de armas, reconocimiento de responsabilidades o compromisos verificables en el marco de la Ley 2272 de 2022. Por el contrario, su presencia fue presentada como gesto político de respaldo al Gobierno Nacional, sin garantía alguna para las víctimas del conflicto y sin control judicial visible».
Finalmente, Alejandro De Bedout denunció que durante el evento, que según él fungió como plataforma política con lenguaje altamente ideologizado, exaltación del líder y discursos de confrontación con las autoridades locales, el presidente Gustavo Petro «no adoptó distancia institucional frente a las expresiones proselitistas, ni censuró el uso de símbolos partidistas, ni repudió los ataques contra otras autoridades públicas».
En torno a lo anterior, el concejal paisa argumentó que en el contenido del evento se identifica una presunta instrumentalización del aparato del Estado con fines proselitistas, mediante la exaltación de un precandidato presidencial, la convocatoria política a una eventual reelección presidencial o Asamblea Constituyente, y la presencia en tarima de personas condenadas penalmente.
Por eso, De Bedout realizó varias solicitudes.
A la Comisión de Investigación y Acusación les solicitó que evaluaran si había lugar a iniciar alguna actuación dentro del marco de sus competencias; solicitó que el Dapre, los ministerios de Justicia y del Interior, y el Inpec remitieran los documentos oficiales que respaldaran la legalidad del evento.
Además, al Consejo Nacional Electoral (CNE) le solicitó que emitieran concepto jurídico sobre la legalidad del uso de símbolos, banderas y distintivos del movimiento Independientes en un evento gubernamental financiado con recursos públicos.
El caso, en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, fue asumido por los representantes Carlos Alberto Cuenca Chaux, Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza Wadith Alberto Manzur Imbett.
Y el pasado 2 de septiembre los representantes investigadores dieron respuesta, de manera inicial, a la queja presentada por el concejal De Bedout.
Constancia de la respuesta de la Comisión de Investigación y Acusación al concejal De Bedout. Foto:EL TIEMPO.
La Comisión resolvió compulsar copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que investigue a la senadora por lo denunciado por el concejal de Medellín, en tanto, esta entidad carece de competencia para adelantar la investigación. Sin embargo, señalan que la compulsa de copias se fundamenta en que, en efecto, en los hechos señalados por el concejal hay elementos que podrían tener lugar a ser investigados por la Corte.
En contraparte, en el documento se dejó constancia que el trámite de la denuncia contra el presidente Gustavo Petro continúa en poder de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Ahora será decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinar si se abre un caso formal contra la senadora y jefa de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.
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