Sin entrar en detalles sobre casos específicos que involucren a determinadas instituciones educativas, la oficina del fiscal regional Nariño ha manifestado su preocupación respecto a las numerosas acusaciones de acoso sexual y violencia dirigidas hacia niños y jóvenes en las escuelas de esta región situada en el sur del país. Esta alarmante situación ha generado un ambiente de temor y desconfianza tanto en los padres como en la comunidad educativa.
Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha documentado un total de 61 exámenes forenses relacionados con posibles casos de violencia sexual contra niños y adolescentes en el año 2024, una cifra ligeramente inferior a los 68 casos registrados en 2023 a lo largo de todo el año. Estos datos son preocupantes y demandan atención inmediata por parte de las autoridades.
En vista de que existen casos que aún están bajo un examen minucioso e investigativo, la autoridad de control ha subrayado la urgente necesidad de intensificar las campañas pedagógicas y de concientización en torno a un problema tan delicado y sensible. La violencia sexual no solo afecta a las víctimas directamente, sino que también impacta a toda la comunidad educativa.
Llamada de advertencia
Rechazo de la violencia contra los niños en el país.
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César Melgarejo / The Time
Por este motivo, el ministerio público ha lanzado una voz de alarma y ha hecho un llamado a receptores, maestros, estudiantes, padres y entidades competentes, instándolos a unirse en la lucha para erradicar esta trágica problemática que ha permeado las escuelas de la región. La advertencia sobre el aumento de incidentes que constituyen violencia sexual contra niños y adolescentes en 2024 ha generado una creciente inquietud entre las autoridades educativas y la comunidad en general.
Revise las instrucciones concomitantes
Rechazo del abuso hacia los niños.
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Tiempo de archivo
En esta dirección, la oficina regional del fiscal Nariño, junto a los fiscales de las provincias de Pasto e Ipiales, ha solicitado a directivas, comités estudiantiles y maestros de más de 16 escuelas profesionales que actualicen no solo los libros de texto, sino también las rutas de atención prioritaria para los estudiantes que denuncien tales incidentes. Es crucial que se establezcan protocolos claros y eficaces para abordar estos casos y proteger a las posibles víctimas.
El organismo de control enfatizó: «En el último foro» que solicitó la prevención del acoso y la violencia sexual en los entornos educativos, fue esencial la coordinación de actividades entre los rectores, el Instituto de Bienestar Social Colombiano (ICBF) y la Oficina del Fiscal General, muchas veces frente a situaciones que afectan de manera directa los derechos humanos y la integridad de las menores.»
Asimismo, el Ministerio Público propuso la necesidad de socializar las campañas pedagógicas sobre rutas de atención y fomentar la participación activa de maestros, padres y estudiantes en el objetivo de poner fin a la violencia sexual en las instituciones educativas en Nariño. Cada miembro de la comunidad educativa tiene un papel fundamental en la defensa y protección de la niñez.
Mauricio de la Rosa
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