Un nuevo enfrentamiento político sacude a América Latina tras un intercambio de declaraciones entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre el modelo penitenciario salvadoreño.
La polémica comenzó cuando Petro criticó duramente el sistema penitenciario de El Salvador, afirmando que en el país existían «campos de concentración para civiles». Según el presidente de Colombia, miles de jóvenes están siendo detenidos ilegalmente, incluso por su apariencia o edad, lo que calificó de «crimen contra la humanidad».
Además, Petro confirmó que un alto porcentaje de los detenidos serían inocentes y denunció que ese tipo de políticas «matan vivas a miles de personas».
Las declaraciones provocaron una reacción inmediata de Bukele, quien a través de las redes sociales hizo una polémica propuesta: trasladar el 100% de la población carcelaria de El Salvador a Colombia.
“El Salvador está dispuesto a facilitar el transporte de todos los presos, incluidos los presos políticos”, dijo Bukele, afirmando que si efectivamente se tratara de “campos de concentración”, ni una sola persona debería permanecer en estas cárceles.
El presidente de El Salvador insistió en que esta medida se aplique sin excepción y en línea con la lógica de las críticas del propio Petro, que muchos interpretan como una reacción irónica y desafiante.
La transición se produce en medio de un debate internacional sobre la política de seguridad de El Salvador, donde rige un estado de emergencia desde 2022 y ha llevado a la captura de más de 90.000 personas en la lucha contra las pandillas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre posibles abusos, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia.
El intercambio de mensajes entre ambos presidentes intensificó la discusión sobre seguridad, derechos humanos y modelos de justicia en la región.