Un nuevo aumento en el precio de los combustibles entró en vigor en Colombia el 1 de abril, tras un anuncio de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, generando preocupación en varias regiones del país por su impacto en la economía.
El ajuste se tradujo en un aumento de 375 pesos por galón para la gasolina regular y de 81 pesos para el diésel (ACPM), revirtiendo parcialmente la reducción registrada en meses anteriores y tocando directamente el bolsillo de los consumidores, especialmente en zonas alejadas.
En departamentos como Nariño los efectos se sienten con mayor intensidad, especialmente en municipios del sur y zonas fronterizas como Ipiales, donde la dinámica económica depende en gran medida del precio de los combustibles.
GOLPEAR
Ante este panorama, Mario Guevara, gerente de Petronar, advirtió que el aumento podría incentivar nuevamente el contrabando de combustible, que ha sido un problema histórico en estas regiones por el diferencial de costos con los países vecinos, que afecta tanto a la economía formal como a la estabilidad del mercado.
Según explicó, esta situación genera competencia desleal, pérdidas a los distribuidores legales, y además representa una amenaza a la seguridad porque en muchos casos está vinculada a la economía ilegal que opera en la zona fronteriza.
Las autoridades, por su parte, indicaron que continuarán monitoreando el comportamiento de los precios y sus efectos en diferentes regiones del país con el fin de adoptar medidas que mitiguen los efectos negativos.
El aumento, aunque de alcance nacional, pone de relieve una vez más la especificidad de los territorios fronterizos, donde cualquier diferencia en los costos tiene consecuencias más profundas para la economía local.
Mario Guevara, gerente de Petronar