«Puede que pienses que nunca te pasará a ti, pero de alguna manera siempre hay alguien que lo anhela. La familia ha tomado conocimiento de la situación. Han sido advertidos y no comprenden lo que ocurre, y nadie lo ha hecho. Al principio no lo creíamos porque jamás pensamos que esto podría suceder. Por favor, hable, el niño tiene derechos.»
El personero en compañía de algunos familiares del niño y la comunidad en el distrito de Villanueva, el 9 de mayo. Foto:Personería de Cali
Uno de los familiares del niño de 11 años menciona que todo comenzó de manera violenta en su hogar el 3 de mayo, cuando un grupo armado con rifles irrumpió en su casa.
Se han llevado a cabo protestas y marchas, iniciando en Potrerito en el distrito de Jamundí, donde el niño vive junto a sus padres y otros familiares. Estas manifestaciones también se han realizado en la Plazoleta de San Francisco, frente al gobierno del Valle del Cauca, en el corazón de Cali. La última de estas marchas tuvo lugar el 8 de mayo.
Se aseguraron de que los padres, quienes eran testigos del suceso, no recibieron amenazas para su seguridad, mientras que se reportaron las incidencias a la policía metropolitana. Se cuestiona a las autoridades sobre la situación actual, dado que hay preocupación por una posible venganza en este contexto.
El comandante de la policía metropolitana de Cali, el general de brigada Carlos Oviedo, declaró que los disidentes de las FARC, bajo el mando de «Iván Bite», son los presuntos responsables del secuestro del niño, en conjunto con el líder conocido como «oso de yoga», el segundo al mando «Jaime Martínez».
El oficial afirmó: «Este es, sin duda, un secuestro destinado a forzar ciertos objetivos», recordando que cinco hombres armados y encapuchados generaron «caos en un orfanato» durante el acto de secuestro. Explicó que las personas en el lugar se ocultaron en un área boscosa, mientras que los secuestradores se llevaron al niño junto a un empleado local en un vehículo, cubriendo sus rostros para evitar ser reconocidos.
La marcha enérgica clamando por la liberación de un niño secuestrado en Jamundí. Foto:Juan Pablo Rueda / El Tiempo
La semana pasada, en diferentes áreas del valle, se llevaron a cabo marchas y protestas, incluyendo una notable en el Parque Boyacá en Tuluá, una comuna en el centro de Valle del Cauca, donde tanto ciudadanos como autoridades clamaron por la protección de la vida del niño y su liberación inmediata. Esta vital manifestación añadió una voz más a la causa colectiva.
El personero en compañía de algunos familiares del niño y la comunidad en el distrito de Villanueva. Foto:Personería de Cali
El último llamado a la acción se produjo el 9 de mayo en el distrito de Villanueva, donde más familiares se unieron en una emotiva protesta por el niño. «Por favor, les pedimos a quienes lo tienen, que actúen con humanidad y lo entreguen», indicaron con voz desgarrada.
«Una investigación profunda para asegurar la liberación»
«Nunca más queremos que nuestros hijos vivan este sufrimiento. Es un dolor que corrompe el alma. Entiendo que el sufrimiento de los padres debe ser inimaginable», expresó un familiar cercano.
El personero Gerardo Mendoza se unió a la comunidad de Villanueva en un acto de solidaridad con la familia del niño. Durante el evento, reiteró el compromiso de las autoridades con los derechos humanos y solicitó un esfuerzo redoblado para lograr la liberación pronta del menor.
La marcha expresando el anhelo de libertad para el niño. Foto:Juan Pablo Rueda / El Tiempo
«Los niños no pueden seguir siendo víctimas o escudos en esta violencia. No es aceptable que sean utilizados, reclutados o instrumentalizados por grupos armados ilegales o bandas criminales», afirmó Mendoza.
Este triste hecho se suma a una alarmante cantidad de incidentes que subrayan la necesidad urgente de fortalecer las acciones de prevención, protección y respuesta institucional en esta región tan golpeada por la violencia. Desde la Personería de Cali, solicitamos a las autoridades competentes acelerar este caso y llevar ante la justicia a los responsables.
La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, en una manifestación en Potrerito con flores y velas. Foto:Juan Pablo Rueda / El Tiempo
Asimismo, se pidió a la Personería que refuerce las medidas integrales de protección para los niños y adolescentes en áreas de riesgo elevado, como Jamundí y en el sur de Valle del Cauca, y que se fomenten esfuerzos cooperativos entre el Estado, la sociedad civil y organizaciones internacionales para erradicar el reclutamiento forzado y la explotación infantil.
«Como madre y alcaldesa, entiendo el sufrimiento de la familia de un niño».
«Como madre y alcaldesa, siento profundamente lo que la familia de Lyan José está atravesando», expresó la alcaldesa de Jamundí Paola Castillo durante el acto celebrado en Potrerito el 6 de mayo.
«Mi corazón está con ellos, con un niño pequeño, y junto a cada habitante de Jamundí que llora por una pronta solución. Exigimos que Lyan regrese a casa de manera segura y pueda estar en los brazos de sus padres. En Jamundí no nos rendimos, levantamos nuestra voz en un clamor por su liberación urgente», añadió.
El 6 de mayo, la comunidad educativa del Colegio Americano Anglo en el sur de Cali marchó en las cercanías del distrito de Pance, demandando la liberación del niño.
El rector de la institución, Alexánder Mosquera, afirmó: «Como institución educativa y comunidad, rechazamos lo que le ha sucedido a nuestro estudiante Lyan y a su familia. Estoy convencido de que existen maneras más justas de resolver los conflictos en este país. Por lo tanto, hoy, como comunidad educativa, nos unimos bajo el signo de la solidaridad, la empatía y el amor». También se organizó una Eucaristía en su honor.
«Como institución, debemos alzar nuestras voces y exigir que los niños sean apartados de esta violencia. No sé qué sucede en este país, pero es nuestra obligación enderezar el rumbo de seguridad», concluyó el rector. «Un país que no actúa correctamente está destinado a caer».
Clamor social y gubernamental
Con gran indignación, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, condenó el secuestro, calificando el hecho como un acto reprobable y doloroso para toda la sociedad. Demandó la activación de rutas que permitan la liberación del niño.
«Los niños son inviolables, son seres sagrados que deben aprender, jugar y no ser parte de esta violencia que lamentablemente nos rodea. Este es un flagrante caso de violación de derechos humanos, y debemos, junto al gobierno nacional, especialmente con el Ministerio de Defensa, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, y la Fiscalía, luchar por la liberación rápida de este menor», expresó la Gobernadora.
«Hago un llamado a la Iglesia, la ONU, la Cruz Roja, para que activen todos los mecanismos que permitan la liberación de este niño y la protección de sus derechos. A los responsables de este secuestro, exigimos su regreso inmediato a casa de manera segura, y que se garantice la integridad de su madre y padre. No toquen a los niños», concluyó Toro.
El gobierno del Valle del Cauca anunció la instauración de un premio de $200 millones por información que conduzca a la ubicación y captura de los delincuentes responsables de este delito, así como a quienes están detrás de este acto.
«Exigimos que aquellos que perpetúan este crimen horrendo, que no continúen sometiendo a este niño a la privación de su libertad y la separación de su familia. Ellos también se sienten secuestrados y desolados», advirtió la arquidiócesis.
El arzobispo de la ciudad, monseñor Luis Fernando Rodríguez, hizo un llamado a devolver al niño vivo, libre y sin condiciones, para que pueda vivir en paz con su familia. «
Carolina Boorquez
Corresponsal de El Tiempo
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