En una clara y potente declaración durante el Congreso Nacional de Municipios que tuvo lugar esta semana en Cartagena, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Paduí, emitió una fuerte advertencia sobre la situación financiera que enfrentan los líderes territoriales. Según el funcionario, desde el 30 de junio, las autoridades locales están obligadas a asumir una carga financiera adicional que él considera desequilibrada y perjudicial para el desarrollo de sus regiones.
Esta situación proviene de una reciente decisión judicial, que ha adquirido fuerza de ley, que estipula que tanto los gobernadores como los alcaldes deben encargarse de financiar la alimentación de las personas privadas de libertad en reacciones inmediatas (URI) y en las estaciones de policía. Esta medida ha suscitado un gran debate e inquietud entre los mandatarios locales, quienes ven su autonomía y capacidad financiera amenazadas.
«Se nos obliga a elegir entre alimentar a las personas privadas de libertad o garantizar la comida escolar para nuestros hijos», expresó Arana en un tono enérgico. «Entendemos la dimensión humanitaria de esta problemática, pero no considero que esta responsabilidad deba recaer sobre las entidades territoriales», agregó, visiblemente molesto por la situación.
Esta regla proviene de una decisión del Tribunal Constitucional del 2022, que fue posteriormente ratificada por el Congreso. Esta normativa transfiere a los gobiernos locales la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para los detenidos en los centros de separación de transición, lo cual se hizo en respuesta a preocupaciones sobre la sobrepoblación y numerosas quejas sobre violaciones a los derechos humanos. Se busca asegurar que se cumplant las condiciones mínimas de subsistencia para aquellos que se encuentran privados de libertad.
Yamil Arana, gobernador Bolívar. Foto:Juan David Camacho. Tiempo
No obstante, para muchos líderes locales, la transferencia de responsabilidades sin asegurar la asignación de los recursos necesarios representa un verdadero golpe a sus finanzas. En Bolívar, alrededor de 3.000 personas permanecen en las estaciones de policía y en los URI, lo que podría implicar un gasto millonario que comprometería seriamente el presupuesto del departamento, que ya enfrenta dificultades para financiar áreas críticas como salud, educación, y condiciones sanitarias básicas.
«Este compromiso irrumpe nuestra autonomía fiscal. Es injusto que el Tribunal, al cual respetamos profundamente, no considere la realidad financiera de los departamentos», señaló Arana Paduí. «Nos están imponiendo cargas que no podemos asumir. Nuestros ingresos son limitados y, de hecho, regresivos, y corríamos el riesgo de sacrificar programas sociales esenciales», añadió el gobernador, evidenciando una preocupación genuina por el bienestar de sus ciudadanos.
Además, el gobernador cuestionó el silencio del gobierno central respecto a este tema y pidió que al menos se realice una evaluación del impacto fiscal que tendrá esta decisión. «La carga no puede ser impuesta desde el centro del país sin tener en cuenta las capacidades reales de los territorios», argumentó, haciendo un llamado a la reflexión sobre la necesidad de un diálogo constructivo y transparente.
La preocupación de Arana no es un caso aislado; varios líderes regionales han alzado la voz en las semanas recientes, advirtiendo que esta decisión podría obstaculizar el desarrollo sostenible de sus territorios. Algunos incluso han requerido que se tomen medidas para suspender esta norma hasta que se asegure la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con estas nuevas responsabilidades.
Detenido en Cartagena. Foto:Vanessa Romero, Tiempo
En esencia, la controversia que ha surgido pone sobre la mesa una pregunta crucial: ¿Quién debe financiar el sistema penitenciario, especialmente en los sectores más vulnerables? Para los gobernadores, la respuesta es evidente: esa responsabilidad recae históricamente en el gobierno nacional, y debe continuar siendo así.
A medida que se acerca la fecha límite del 30 de junio, el debate continúa abierto y las entidades territoriales expresan de manera urgente la necesidad de mantener un diálogo activo con el ejecutivo y el Congreso para revisar los alcances de esta medida. De lo contrario, advierten que «los que realmente sufrirán serán los niños, los jóvenes y los más vulnerables, quienes enfrentarán las consecuencias de decisiones adoptadas sin la adecuada base presupuestaria».
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Documental del periodista Jineth Bedoy. Foto:
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