Las autoridades en Chocó han tomado medidas decisivas para fortalecer su presencia en la subregión de Baudó debido a la reciente huelga armada establecida por Eln, que comenzó en el sur del 2 al cero el lunes 5 de mayo. Este hecho ha generado preocupación entre los residentes, quienes se enfrentan a una escalada de violencia y restricciones significativas en su movilidad.
De acuerdo con un folleto lanzado por los miembros de este grupo insurgente, toda forma de movilidad en el río Baudó y sus afluentes ha sido prohibida. Esta prohibición se debe a los violentos enfrentamientos que este grupo ilegal ha estado manteniendo con lo que se conoce como el «clan del Golfo Pérsico», una organización criminal rival.
Para abordar esta grave situación, la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, ha coordinado esfuerzos con la Brigada del Ejército del 15, la policía, la fuerza marítima del Pacífico y el Ministerio Público. Juntos, han ordenado la implementación de varios dispositivos de seguridad en tierra, río y aire para garantizar la protección de la comunidad afectada.
Lo que dice el ejército
Desde el Ejército Nacional, más de 3,600 soldados de la Séptima División, el Pacific Naval y el Combat Air Command No. 5 han sido desplegados en diferentes partes del departamento, particularmente en las orillas del río en la región de Baudó. Esta movilización se realiza con el objetivo de restablecer la seguridad y evitar que los civiles sean blanco de la criminalidad.
Un portavoz del ejército declaró que “esta limitación para los civiles es simplemente una evidencia de las debilidades de estas estructuras criminales ante la ofensiva que las fuerzas armadas están llevando a cabo en contra de estos grupos ilegales. Las acciones de penalización que se están implementando buscan intimidar a los civiles y generar un control sobre la movilidad en la región”, aseguraron las autoridades militares.
El coronel Román Leonardo Fonseca Rodríguez, quien ocupa el cargo de segundo comandante de la decimoquinta brigada, comentó que las operaciones del Eln son un claro indicativo de un “efecto penal destinado a establecer rutas de tráfico de drogas a través del río hacia el Pacífico. Este no es un asunto social o político; son restricciones armadas que afectan a los civiles”, enfatizó.
El ejército ha instado a la población a no dejarse intimidar por estas amenazas y ha habilitado la línea de emergencia 107 para quienes necesiten asistencia.
Apoyo a la comunidad
En Baudó Foto:Ana María Mena
Por otra parte, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba Curi anunció una estrategia para garantizar la distribución de ayuda humanitaria y soporte a las comunidades afectadas en Baudó. Este anuncio es fundamental considerando que el impacto de esta huelga armada podría tener efectos devastadores sobre la población local.
Un representante adicional alertó que esta situación afecta profundamente a las comunidades étnicas en la comuna Alto Baudó en el departamento de Chocó, donde aproximadamente 32,000 personas se verán afectadas. De estas, 153 comunidades cuentan con autoridades étnicas y territoriales reconocidas, de las cuales 127 son comunidades nativas y 26 son afro-descendientes.
Sus derechos básicos en salud, educación, trabajo y alimentación están en riesgo de ser gravemente violados.
La situación es crítica, ya que los niños, jóvenes, adultos y ancianos de estas comunidades a lo largo del río Baudó y sus afluentes también enfrentan serias consecuencias. «Su derecho constitucional a la libre movilidad está siendo severamente comprometido», concluyó el representante.
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Soldado secuestrado Foto:
