En sentencia final que sienta un precedente para la protección de los recursos públicos, el Consejo de Estado ratificó el fallo rechazando los reclamos de Publicidad Lozano & Cía. SAS
La empresa solicitó más de 42 mil 900 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, alegando daños económicos derivados del Acuerdo N° 0436 de 2017, que frenó el registro de nuevos carteles publicitarios en la ciudad.
El Tribunal Superior determinó que el demandante debe pagar el 3% de sus reclamaciones al Distrito. Foto:Consejo de Estado
El tribunal consideró que la administración actuó de conformidad con la ley al implementar medidas para combatir la saturación visual y proteger el paisaje urbano. El fallo concluyó que no hubo «daño particular», argumentando que las normas de ordenamiento territorial constituyen cargas generales que todas las empresas deben asumir en interés común.
Condenando el costo y la falta de soporte técnico
Además de negarse a pagar una indemnización, el Tribunal Superior ordenó a la empresa demandante pagar al Distrito el 3% del valor de sus reclamaciones, por un monto de USD 1,287 millones de pesos.
La alcaldía de Cali ahorró $42,9 mil millones. Foto:Archivo EL TIEMPO
Esta decisión se tomó luego de demostrarse que la demanda no tenía base legal y que la empresa pretendía obtener ganancias a pesar de no completar la documentación requerida por la normativa local antes de instalar los elementos publicitarios.
El abogado defensor del caso, Cristóbal Martínez, destacó la importancia de la victoria del tribunal: «Logramos demostrar que la empresa quería obtener ganancias por su propia culpa. Esta creencia envía una fuerte señal contra quienes intentan asaltar el presupuesto público con litigios infundados», dijo el abogado.
Impacto en la inversión social
Para la Alcaldía de Cali, este fallo marca un hito significativo en la defensa jurídica del Distrito. Ana Catalina Castro, directora del Departamento Administrativo de Gestión del Derecho Público, señaló que estos recursos ahorrados equivalen a las inversiones sociales que requiere la ciudadanía.
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“Ese dinero no es de la Alcaldía, es de cada ciudadano y hoy lo ahorramos. Cali se consolida como un distrito que defiende con rigor técnico su paisaje y su estabilidad financiera”, señaló Castro.
Blindaje del urbanismo
El fallo del tribunal no sólo protege las finanzas de la ciudad, sino que también protege las políticas de planificación urbana y sostenibilidad ambiental.
La sentencia confirma que el ejercicio de la potestad regulatoria sobre una actividad empresarial regulada, como es la publicidad exterior, no constituye un hecho nocivo, sino una condición inherente al ejercicio de una actividad comercial dentro de un marco legal.
Gracias a la sentencia, la ciudad recuperará los fondos invertidos en este proceso. Foto:iStock
Gracias a ello, los impuestos de los ciudadanos quedan protegidos de litigios injustificados, garantizando que el interés general prevalezca sobre los intereses económicos particulares.
Este contenido fue escrito utilizando inteligencia artificial con base en información de la Alcaldía de Cali. Además, fue revisado por un periodista y editor.
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