El Parque Nacional Natural Tayrona está cerrado por decreto, pero continúa brindando servicios bajo nuevas reglas.
Mientras los parques nacionales ordenaron su cierre oficial por falta de garantías, el pueblo indígena Kogi tomó el control total del territorio: Gestionan el acceso, organizan las operaciones internas y toman decisiones respecto del funcionamiento diario de la reserva natural más emblemática del Caribe colombiano.
Incluso el último guardia de seguridad privada abandonó el lugar en las últimas horas. Hoy, según las propias comunidades, el poder en el parque pertenece exclusivamente a los llamados «hermanos mayores».
Para ellos, no se trata de un trabajo, sino de recuperar lo que consideran suyo.
«Somos la máxima autoridad del Tayrona»
Juan Carlos Gil, portavoz de los delegados indígenas, asegura que la durabilidad del parque es indefinida hasta que el gobierno acepte dialogar bajo nuevas condiciones.
Los visitantes llegan al Tayrona bajo la autoridad de la comunidad indígena. Foto:Roger Urieles
«Nos hemos reunido aquí pacíficamente desde el lunes para iniciar un diálogo formal con los parques nacionales. Hasta que se sienten con nosotros, tenemos la intención de quedarnos aquí», afirmó.
El líder indígena sostiene que la decisión se tomó luego de la destrucción de un edificio comunitario en el parque, lo que desató el conflicto.
Pero la exigencia va más allá de este episodio: los Kogi exigen la coadministración total del Tayrona.
Según Gil, esto significa tener voz en todas las decisiones y participar directamente en los ingresos económicos que genera el parque.
“Desde que Tayrona comenzó a operar, los Kogi nunca hemos recibido ningún apoyo económico ni hemos sido considerados para nada”, afirmó.
El parque está abierto a pesar del cierre oficial.
Aunque el parque permanece oficialmente cerrado, la actividad turística no ha cesado.
Continúan llegando turistas nacionales y extranjeros, que se toman fotografías y recorren los senderos, encabezados por miembros de la comunidad rural que han asumido el rol de guardaparques. Los billetes informan que el pago no es una tasa oficial, sino una contribución social.
El pueblo indígena Kogui controla el acceso al Parque Tayrona. Foto:Roger Urieles
Actualmente los visitantes pagan alrededor de 50.000 pesos los extranjeros y 30.000 pesos los ciudadanos.
Según líderes indígenas, el dinero se utilizará para alimentación, logística y apoyo a las comunidades del área protegida.
Paulo Sánchez, presidente del Consejo de Acción Social del predio El Zaino, confirma que la instalación funciona con normalidad.
«Se trata de miembros de la comunidad capacitados que brindan información y apoyo a los visitantes. Todo funciona con total normalidad», explicó.
Los tours incluyen guía obligatoria y verificación de seguro médico debido a la inundación de senderos y áreas peligrosas luego de las recientes lluvias.
Turismo dividido y pérdidas económicas
El cierre oficial limitó drásticamente la llegada de invitados. Según Sánchez, por una de las entradas pasaron unas 400 personas en un día, mientras que normalmente pueden entrar hasta 2.000 turistas.
La caída del turismo ya está impactando la economía regional.
«Las pérdidas son incalculables. Cuando alguien visita un hotel en la Troncal del Caribe, su objetivo siempre es entrar al Tayrona», dijo un líder comunitario.
La policía brinda apoyo pero no interviene cuando se arresta a campesinos e indígenas. Foto:Roger Urieles
El conflicto afecta no sólo a quienes operan dentro del parque, sino también a hoteles, restaurantes, transportistas y vendedores de toda Santa Marta.
Aún así, algunos turistas apoyan la presencia de indígenas, argumentando que Tayrona es un territorio ancestral que debería ser administrado por indígenas.
“Nos encanta ver a nuestros hermanos mayores frente a este lugar santo. Tienen todo el derecho de hacerlo”, dijo una turista bogotana que ingresó con su esposo e hijos.
Quejas sobre los parques nacionales
Los Kogi están cuestionando la gestión histórica del parque por parte del Estado. Aseguran que pese a los ingresos diarios que genera el destino turístico, la infraestructura está descuidada.
«Durante meses hemos visto carreteras destruidas, puentes colapsados y nula inversión. Lo abandonaron y siempre nos tuvieron del lado», denunció Gil.
El escenario de cierre prolongado proyecta un riesgo económico de 330 mil millones de dólares por año. Foto:Entregado a EL TIEMPO
Las comunidades también rechazan las acusaciones oficiales que las vinculan con grupos armados ilegales.
«Queremos negar esto. Los Kogi son un pueblo de paz y nunca hemos estado asociados con grupos armados», afirmó un portavoz indígena.
Parques Nacionales ha sostenido públicamente que la toma del parque es ilegal y ha advertido que las comunidades actuarán bajo la influencia de estructuras armadas presentes en la región, una afirmación que los indígenas consideran peligrosa y estigmatizante.
Parque Tayrona Foto:Parques Nacionales Naturales de Colombia
Mientras tanto, la policía mantiene presencia en los accesos pero no interfiere directamente con la administración de los pueblos indígenas y campesinos.
El entorno sigue en un delicado equilibrio: un parque cerrado por decreto estatal pero que funciona en parte bajo control comunitario.
Un conflicto que redefine el futuro del Tayrona
Los hermanos mayores insisten en que no abandonarán el territorio sin un acuerdo.
Se postula su participación real en la gestión del parque y su reconocimiento político, territorial y económico.
Los parques nacionales informaron que no había condiciones para practicar senderismo. Foto:Parque Tayrona
“Si el parque quiere seguir funcionando debe dialogar con nosotros y tenernos en cuenta en todo”, advirtió Juan Carlos Gil.
El Tayrona, símbolo natural de Colombia y locomotora turística en el Caribe, está hoy inmerso en una disputa que va más allá de las cuestiones ambientales: se enfrenta a dos visiones de poder en un mismo territorio.
Por un lado, la legalidad estatal y institucional.
Por otro lado, pueblos ancestrales que exigen autonomía sobre lo que consideran su templo sagrado.
Y aunque el diálogo no se produce, el parque más importante del país sigue funcionando en una realidad paralela: oficialmente cerrado, pero gestionado por quienes dicen haber regresado para no volver a ser excluidos.
Autor: Roger Urieles para EL TIEMPO Santa Marta. @rogeruv
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