La reciente transferencia inesperada de Jaime Saade Cormana, quien fue condenado por el brutal asesinato de Nancy Mestre, ha causado una gran conmoción. Saade fue trasladado del centro penitenciario El Bosque en Barranquilla a la prisión La Tramacúa en Valledupar, un hecho que sorprendió a muchos, entre ellos el abogado Raúl Romero del Río, quien ha representado a la familia de la víctima durante más de treinta años.
Este movimiento, realizado por la Penitenciaría Nacional y el Instituto de la Prisión (Inpeco) en la madrugada del miércoles, marca un año desde la extradición de Saade desde Brasil, donde había estado viviendo bajo una nueva identidad, evadiendo la justicia hasta su captura por Interpol.
El abogado Romero del Río utilizó la plataforma X para enfatizar que la responsabilidad por la seguridad de Saade y de otros reclusos recae directamente en INPEC. Según él, los prisioneros poseen derechos fundamentales que no pueden ser vulnerados, incluyendo el acceso a atención médica adecuada.
La joven fue asesinada a principios del 1 de enero de 1994 Foto:Entregado
Romero también declaró: «Es importante aclarar que el Sr. Jaime Saade no debe ser responsabilizado por estos hechos. Los prisioneros tienen derechos que deben ser respetados. La seguridad del Sr. Saaade y de otros reclusos está bajo la control de INPEC». A esta afirmación se suma la sorpresa que sintió Romero por la decisión de transferir a Saade, teniendo en cuenta que, aparentemente, había estado mostrando un comportamiento ejemplar durante su estancia en El Bosque.
El abogado expresó su desconcierto sobre la decisión de trasladar a Saade Cormana a La Tramacúa en Valledupar, informando que había estado portando un buen comportamiento en la prisión de El Bosque, donde había estado disfrutando de ciertos privilegios.
Romero argumentó que la razón aparente de la rápida transferencia, que se comunicó a primera hora del miércoles, se debe a un «mal procedimiento» relacionado con la atención médica de Saade, donde se alegó que había fallos en las medidas de seguridad, indicando que solo un guardia de INPEC estaba presente.
Pendiente
Raúl Romero del RíoMestre de abogado de familia
La prisión de La Tramacú en Valledupar Foto:Redes sociales
La situación ha suscitado preocupación significativa entre la población, y se han recibido quejas que han sido enviadas a la Dirección Nacional de INPEC. En respuesta a esto, el abogado Romero del Río solicitó explicaciones a la gestión nacional del Instituto y a la prisión, demandando que se tomen las correcciones que sean necesarias.
“Es imprescindible que la Dirección Nacional de Kenitenta y la gestión nacional brinden aclaraciones y tomen las medidas correctivas oportunas. Mi esperanza es que este episodio no tenga un impacto negativo en el proceso de resocialización del Sr. Jaime Saade”, concluyó Romero del Río.
