El gobierno de Ecuador ha anunciado una reforma a la Ley de Movilidad Humana, que tiene como objetivo fortalecer los controles migratorios y acelerar los procesos de deportación de extranjeros que no cumplan con la normativa del país. Las nuevas regulaciones pretenden responder al aumento de la migración ilegal y a los recientes casos de delitos cometidos por extranjeros.
Los cambios más importantes incluyen la posibilidad de negar la entrada a personas con antecedentes judiciales, acortar los plazos del procesamiento de deportaciones e introducir filtros más estrictos en los cruces fronterizos. También está previsto crear centros de detención temporal para personas sujetas al proceso de repatriación.
El Ministerio del Interior aclaró que los cambios no afectarían el derecho de asilo ni las garantías humanitarias, sino que tenían como objetivo garantizar la seguridad nacional y el cumplimiento de la ley.
Organizaciones sociales han expresado preocupación por el posible impacto de la nueva normativa sobre migrantes y refugiados, mientras el gobierno asegura que esta solución está encaminada a mantener el orden y proteger a la población. La reforma ya fue enviada a la Asamblea Nacional para su revisión y aprobación final.
