El Tribunal de Salvador emitió un veredicto contra dos ex ministros del gobierno, reconociéndolos culpables de negociaciones con pandillas a cambio de apoyo electoral. Justice los condenó 28 años de prisiónen un fallo que significa un precedente en la lucha contra la corrupción política y contratos con estructuras criminales.
Que son viejas convicciones
La gente es condenada Benito Laraex ministro de justicia y seguridad y Aristides ValenciaEx Ministro del Interior durante la administración FMLN (2014-2019). Ambos fueron considerados responsables de los crímenes fraude electoral Y Grupos ilegales.
El tribunal ha establecido juicios 20 años para fraude electoral Y 8 años para lazos con una pandillaagregando 28 años en prisión.
Otros condenados por
El fallo también llegó a otros actores políticos y sociales involucrados en contratos con pandillas:
- Ernesto MushondtEx alcalde de San Salvador, fue sentenciado a 18 años de prisión.
- Wilson AlvaradoEspecialmente indicado como una relación con grupos criminales, recibió 18 años.
- Paolo LüersPeriodista y analista, también fue sentenciado a 18 años.
Estas creencias fortalecen el argumento de la Corte sobre la existencia de PACT para garantizar los votos a cambio de beneficios para las estructuras criminales.
Influencia política y social
El caso revela cómo los partidos políticos políticos y de alto nivel recurren a las negociaciones con pandillas para obtener apoyo electoral. Estas prácticas conocidas en El Salvador como «Pactos oscuros» han sido criticadas durante años para promover la impunidad y fortalecer las estructuras criminales.
Gracias a esta sentencia, Salvadoran Justice intenta enviar un mensaje claro: Los contratos entre políticos y pandillas no serán impunes. La decisión también se interpreta como un intento de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales.
Reacciones a la falla
Varias organizaciones y analistas sociales han acordado que este veredicto es histórico, porque por primera vez los gráficos altos son legales para estar de acuerdo con los grupos criminales. Sin embargo, hay preguntas sobre el uso selectivo de la justicia y el impacto de estas oraciones en el escenario político del país.
El caso continuará generando un debate en El Salvador, un país que ha estado marcado por la violencia de las pandillas y las quejas de contratos con los gobiernos durante años.
