En el norte del Cauca, municipios como Guachené, Corinto, Villarrica y Santander de Quilichao, se concentran altas tasas de homicidios, que en 2025 se extendieron a Miranda, Puerto Tejada y Caloto.
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La violencia y el conflicto: ¿cómo es su dinámica y en qué otras zonas?
Mientras que el sur y el Macizo, Argelia, Patía, Piamonte, Balboa y Florencia se han convertido en epicentros, no solo de la confrontación entre el frente ‘Carlos Patiño’ y el Eln, sino además de homicidios y lesiones personales.
Atentados terroristas en el Cauca. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE
«En el Pacífico caucano, por su parte, de acuerdo con los datos oficiales, no parece existir la misma incidencia del repertorio homicida o de lesiones, en comparación con las demás subregiones. Sin embargo, ante la exacerbación de la disputa entre el Eln y el ‘Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas’ en esta región, es altamente probable que estas violencias se afiancen en el corto plazo, con víctimas especialmente, afrocolombianas e indígenas».
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Este panorama es parte de una radiografía que la Defensoría del Pueblo presenta en el informe ‘Cauca: voces que resisten 2024-2025’.
De acuerdo con el documento, «en el centro del Cauca, Cajibío, Morales, La Sierra y El Tambo son los municipios más afectados por los homicidios en 2024. En Popayán, la tasa de homicidios es más baja que la de otros municipios de la subregión y las autoridades atribuyen estos hechos principalmente a lo que han denominado convivencia e intolerancia, aunque no se descarta la participación de actores armados no estatales por parte del conflicto armado o de grupos de criminalidad organizada vinculados al control de economías ilegales, como el narcotráfico».
Atentados terroristas en Cauca. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE
Expansión de enfrentamientos entre grupos armados desde Huila
También se explica que «en el oriente, municipios como Silvia y Páez evidencian una notoria afectación de los homicidios. Esto podría estar ligado al fortalecimiento de la presencia de las disidencias del ‘Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas’ y la expansión del conflicto armado desde el Huila y los controles establecidos por el mismo grupo continúan generando profundas afectaciones sobre la población. Varios de esos homicidios podrían responder a violencia ejemplarizante, impuesta como parte de gobernanza armada en el territorio. Hay que señalar también que, en 2025, la tasa de homicidios en el municipio de Inzá también es representativa en la subregión».
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Promedio de más de tres muertes por masacre
Sobre las masacres, según el informe de la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y durante los primeros nueve meses de este 2025, se presentaron 18 masacres en el Cauca: 13, en 2024 y cinco más en este año.
«Estos hechos se han convertido en una estrategia ‘ejemplarizante’ para las comunidades, utilizada para generar temor y afianzar el control armado en los territorios. Este grave patrón de vulneración de derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), se ha registrado en las siete subregiones, con mayor intensidad en el norte del departamento, donde se ha fortalecido», dice el documento.
Atentados terroristas en Cauca. Foto:JUAN PABLO RUEDA BUSTAMANTE
En otro aparte se lee: «Este repertorio de violencia se ha evidenciado en las siete subregiones, con particular intensidad en el norte del departamento y ha aumentado, especialmente, desde la intensificación del conflicto entre el ‘Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas’ y el frente ’57’, a partir de 2024».
Con respecto a los municipios en los que se han registrado dichas masacres, de acuerdo con los registros de Indepaz, dos ocurrieron en Miranda, dos en Mercaderes, dos en Corinto, y uno en los municipios de Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibío, Páez, Guachené, López de Micay, Páez, Piamonte, Popayán, Puerto Tejada,Suárez y Toribio. En total, se reportaron 69 víctimas entre 2024 y lo que va del 2025, es decir, en promedio se han registrado más de tres muertes por masacre, según la Defensoría del Pueblo.
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Las desapariciones forzadas
«La mayoría de los casos de desaparición registrados en el departamento se presentan en territorios en disputa o bajo control de grupos armados no estatales, lo que indica que esta es una práctica utilizada para ejercer control social, eliminar liderazgos comunitarios o imponer órdenes de gobernanza ilegal», dice el reporte.
«De acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), entre 2024 y agosto de 2025, en el Cauca se reportaron 42 casos de desaparición forzada, de los cuales 18 corresponden a 2024 y 24 al 2025», anota el documento.
Frente al desplazamiento forzado, durante 2024, la Defensoría del Pueblo registró un total de 105 eventos masivos en todo el país; de ellos, 16 (15,2 % del total nacional) ocurrieron en el Cauca y afectaron a un total de 2.663 familias y 6.665 personas afectadas. «Esta cifra posiciona al Cauca como uno de los territorios con mayor incidencia de este hecho. En lo corrido de 2025, se han presentado 14 eventos de desplazamiento en el Cauca, afectando a 1.290 familias y 3.393 personas. En contraste la UARIV registra un total de 2.189 víctimas de desplazamiento forzado individual en el departamento. De estos casos apenas 245 han sido valorados e incluidos dentro del RUV», explican en el informe ‘Cauca, voces que resisten 2024-2025’.
Atentados en el Cauca. Foto:Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo
Los cultivos de coca: cuatro enclaves productivos
El Cauca alberga cuatro enclaves productivos que concentran el 44% del área cocalera departamental en una extensión de 864 kilómetros cuadrados, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
«Estos enclaves se distribuyen de la siguiente manera: Argelia–El Tambo con 10.246 hectáreas, Timba–Jamundí– Buenos Aires con 2.362 hectáreas, El Naya con 1.434 hectáreas y Timbiquí–Saija con 177 hectáreas96. Además, desde 2019, se identifican tres zonas en las cuales se han consolidado nuevos enclaves de cultivos ilícitos. La primera corresponde a una expansión del actual enclave Timba-Jamundí-Buenos Aires, al sur en el municipio de Suárez; la segunda, entre los municipios de Morales, Suárez y Cajibío, en el sector de la Salvajina; y, una última zona al sur entre los municipios de Balboa y Patía», dice el informe.
Deforestación por cultivos ilícitos y minería ilegal
El 47 % de la deforestación entre 2022–2023 se concentra en territorios con presencia de hoja de coca.
«La deforestación relacionada con coca, tala ilegal y minería se produce en particular en el norte y sur del Cauca, en donde se ubican zonas de minería ilegal, zonas superpuestas con páramos y reservas indígenas, y en donde se ha identificado una inusual expansión de carreteras no planificadas o vías ilegales», es otro aparte.
«En esta zona se evidencia una correlación entre la expansión de cultivos ilegales y el aumento de la minería ilícita, lo que propicia la edificación de infraestructura, vías y el traslado de maquinaria amarilla para vincular Buenaventura con López de Micay. En materia de cultivos ilícitos, en el cañón del Micay, se estima que los cultivos de coca cubren cerca de 25.000 hectáreas, de las cuales el 75 % está ubicado en la cuenca del río San Juan de Micay, situado en El Tambo, Argelia y López de Micay, y se considera el cuarto enclave cocalero más grande de Colombia. Entre los municipios de Argelia y El Tambo, hay alrededor de 10.000 hectáreas sembradas de coca», se lee en el documento.
Según Indepaz, en “el enclave de la marihuana en el norte del Cauca, se calcula existen entre 16.000 y 19.000 cultivadores, cada uno con capacidad de producir aproximadamente 500 libras de marihuana al año en promedio”.
‘Construcción de paz estable, promesa sin cumplirse’
Con la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, una de las principales expectativas que tenían los habitantes del departamentodel Cauca era el desescalamiento de la violencia que han padecido desde hace décadas, así como la construcción de una paz estable y duradera. Sin embargo, esta promesa sigue sin cumplirse. Este hecho da cuenta de la necesidad de volver a evaluar qué sucede en este territorio, ubicado en el suroccidente del país; qué vulneraciones han ocurrido en los 42 municipios y los 374 centros poblados2 que lo constituyen, así como en los 89 resguardos indígenas formalizados3 y en los 44 consejos comunitarios titulados4; y cuáles pueden ser los patrones de victimización que allí ser registran.
Si bien hablar del escalamiento de la violencia en este territorio se ha convertido, ya, en un lugar común, se hace necesario analizar la situación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario (en adelante, DIH)5 del departamento bajo enfoques transversales y de análisis contextual.
El departamento del Cauca es predominantemente rural: el 58% de sus predios son rurales, mientras que el 42% restante, urbanos. Y, en la zona rural, la mayoría de urbanos. Y, en la zona rural, la mayoría de urbanos. Y, en la zona rural, la mayoría de urbanos. Y, en la zona rural, la mayoría de los propietarios (el 74,99%) poseen predios menores a tres hectáreas, aunque, en todo caso, la distribución de la tierra es muy desigual; muy pocos propietarios acumulan gran parte de ella, mientras que la mayoría, muy poca, tal y como lo demuestra el alto índice de concentración de la tierra del departamento, con un coeficiente de Gini departamental6 de 0,86 %.
De acuerdo con el censo de 2018, “el 70 % de la población indígena se ubica en 10 municipios del nororiente del departamento”20, cuyo lugar de vivienda se concentra en centros poblados, aproximadamente el 91,5 % del total de estos hogares. Por su parte, el 95 % de la población afrocolombiana, bajo la sigla de NMAA que hace referencia a negros, mulatos y afrodescendientes, se ubica principalmente en la costa Pacífica. En el Cauca, se encuentran 20 territorios colectivos de comunidades negras, en las que viven 34.129 personas.
En el Cauca, persiste un contexto de violencia sistemática que se expresa, entre otras formas, en la ocurrencia de homicidios selectivos, masacres y lesiones personales, hechos que afectan de manera directa a la población, incluyendo líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado. Esto evidencia no solo un deterioro en las condiciones de seguridad, sino también una estrategia de intimidación y control social por parte de actores armados ilegales.
De acuerdo con la Defensoría, en 2024, el Cauca registró 827 homicidios, de los cuales, 564 ocurrieron en entre enero y agosto. En comparación, en la misma temporalidad de 2025, se contabilizaron 524 casos; a pesar de reflejar una leve reducción, la cifra sigue siendo alarmante y evidencia un patrón de violencia sostenida en el tiempo.
En total, entre 2024 y el primer semestre de 2025, se han documentado 1.207 homicidios, lo que refleja un escenario de violencia sostenida, de acuerdo con el organismo que vela por los derechos humanos en el país.
«Si bien la disminución semestral podría interpretarse como un indicio de contención parcial, el acumulado confirma que el Cauca sigue enfrentando un panorama crítico caracterizado por la presencia de los grupos armados no estatales mencionados que se disputan el control territorial en puntos estratégicos del departamento», dice el informe.
Para el gobernador Octavio Guzmán, “el Cauca necesita acciones contundentes para que cese la violencia, se recupere el control de los corredores viales y se garantice el derecho a la vida, la seguridad y la dignidad de cada familia caucana”.
El alcalde de Argelia, Osman Guaca, uno de los municipios más afectados por los grupos armados ha sostenido la importancia de más pie de fuerza, pero también más inversión social con la Gobernación y el Estado mismo.
Durante el anuncio de obras por 20.000 millones de pesos en su localidad en trabajos de la mano con la Gobernación, Guaca sostuvo: “Sabemos que juntando las manos, juntando nuestros recursos del orden departamental, del orden nacional, del orden municipal podemos lograr muchísimo más. La inversión social es la que nos va a transitar a la verdadera paz. Transformar un territorio no es fácil”.
El corregimiento de El Plateado, en Argelia, viene siendo azotado por enfrentamientos entre ilegales y combates con el Ejército. Uno de los últimos ataques, el 28 de octubre, con explosivos lanzados desde drones por disidentes de las Farc dejó ocho civiles heridos, entre ellos, cuatro niños.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
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