Recientemente, la prisión de Villahermos volvió a ser objeto de un ataque que puso en alerta a las autoridades y al público. Este incidente ocurrió a primera hora de la mañana del 22 de abril y ha suscitado una profunda preocupación sobre la seguridad en este complejo penitenciario que mantiene un nivel de seguridad medio.
Fachada de la prisión de Villahermos. Foto:Juan Pablo Rueda / El TIempo
La directora de la prisión, Maria Loren Serrano, envió una carta al director regional del Instituto Nacional de Kenitaria y Prisión de Occidente (INPEC), Guillermo Andrés González, informando que a las 11:50 del 22 de abril se escucharon dos detonaciones provenientes del camino 25 en el sector Eron. Este alarmante evento llevó a que se activara un plan de alarma y defensa en el que se recuperaron dos armas de fuego de 9 milímetros, las cuales fueron entregadas inmediatamente a una unidad de la policía judicial.
Además, la carta detallaba que se estaban llevando a cabo revisiones exhaustivas para identificar a los posibles responsables. La situación fue comunicada al comandante de la estación de policía de Aguablanca, así como a otros organismos de seguridad. A pesar de la gravedad del ataque, se destacó que ni los funcionarios ni la infraestructura de la prisión resultaron afectados.
A raíz de este ataque, se implementaron protocolos de defensa y un estricto plan de seguridad. La ayuda de la policía fue solicitada, pero la directora también hizo un llamado al gobierno para que preste atención a la crítica situación que atraviesan todas las instituciones penitenciarias en el país. Desafortunadamente, se mencionó que el ataque no fue captado por las cámaras de seguridad, ya que estas no estaban funcionando, y se está investigando el caso con urgencia.
Uno de los disparos en la fachada de Villahermos, en el próximo ataque. Foto:Juan Pablo Rueda / El TIempo
Otros ataques
Los incidentes en la prisión de Villahermos no son cosas del pasado; de hecho, hace tres semanas hubo un ataque similar donde dos hombres en motocicleta dispararon dentro de las instalaciones. De ese ataque se reportaron ocho impactos, incluido uno en una puerta de metal que no estaba blindada. Un automovilista involucrado fue arrestado gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, que, lamentablemente, no estaban operativas en este último ataque del 22 de abril. El motociclista, por su parte, logró escapar.
El director de la prisión indicó que estos ataques, incluido el más reciente, pueden ser represalias por la prohibición que impusieron, afirmando que incluso ha recibido amenazas de muerte, al igual que su predecesor, que se vio obligado a trasladarse a otro lugar por cuestiones de seguridad. Afortunadamente, se logró obtener apoyo de INPEC para implementar medidas de protección apropiadas.
Este mes, INPEC realizó un importante operativo en 12 pabellones de seguridad en el país, y aunque Villahermos no fue elegida, se confiscó un total de 250 teléfonos móviles, 125 armas, 450 litros de bebidas alcohólicas y dos kilogramos de sustancias psicoactivas. Sin embargo, la situación de contrabando de teléfonos parece persistir, así como otros problemas identificados en la instalación penitenciaria.
Patio 3 en la prisión de Villahermosa. Foto:Juan Pablo Rueda / El TIempo
Superpoblación
El panorama en Villahermos es grave, con una superpoblación que ha llegado a niveles insostenibles, donde las instalaciones están repletas de internos, incluso más de 2,000 de ellos están alojados en estaciones de policía. Este nivel de desbordamiento dificulta las condiciones de vida y la administración de la prisión.
El director hizo eco de la situación, preguntando, «¿De dónde provienen todos estos prisioneros?» Recordó un compromiso hecho en 2018 sobre la construcción de tres pabellones, que contaría con financiamiento del Ministerio del Interior, el Gobierno del Valle y el Alcalde de Cali, pero hasta la fecha no se ha concretado ninguna obra y la situación sólo sigue empeorando.
Las condiciones dentro de las celdas son extremadamente precarias, y, en la mayoría de los 12 patios, se han reportado problemas similares. Por ejemplo, en el patio 1, donde se aloja un número crítico de prisioneros, se limitan a dos por celda, pero muchos tienen que permanecer en pasillos y áreas comunes. La falta de ventilación adecuada agrava aún más el panorama, con insuficiente cantidad de ventiladores en los corredores.
La situación es alarmante, con un incremento constante en el número de internos. Hasta el 10 de abril, los recuentos eran: 215 en el patio 1; 618 en el patio 2; 455 en el patio 3; y así sucesivamente, con cifras que superan ampliamente la capacidad óptima designada que debe ser de 90 prisioneros por patio.
El director también mencionó esfuerzos para garantizar los derechos básicos de los internos, a pesar de la presión por parte del alcalde de Cali. Se ha intentado implementar estrategias para cumplir con las normas constitucionales que protegen a esta población. Sin embargo, las advertencias sobre la creciente crisis penitenciaria han sido constantes.
Desde 2018, el entonces alcalde Maurice Armitage, junto con diversas instancias y funcionarios, habían trabajado en la planificación de la construcción de nuevos pabellones en terrenos administrados por el Gobierno del Valle, para abordar la crisis de superpoblación. Los planes iniciales incluían una inversión de alrededor de $50,000, pero ninguna de estas propuestas se ha llevado a cabo.
Por el momento, se continúan buscando soluciones para aliviar las tensiones en el sistema penitenciario. Las propuestas para construir nuevas instalaciones en áreas cercanas nunca prosperaron debido a la falta de concertación con las comunidades afectadas. El actual gobierno local ha manifestado su compromiso de resolver la crisis de sobrepoblación, específicamente en 22 estaciones de policía y la creación de un centro especializado para la atención de menores en conflicto con la ley.
Durante un reciente anuncio, se discutió un nuevo acuerdo por valor de $2,000 millones, señalando que dichas medidas esperan dar resultados en el mediano plazo. Esta situación ha sido un tema recurrente en las administraciones locales, donde la presión para mejorar las condiciones en el sistema penitenciario se ha vuelto cada vez más urgente.
Carolina Bohorquez y Juan Pablo Raeda
Ver más información sobre interés
El cónclave está organizado con 135 votantes. Foto:
