El Consejo Electoral Nacional (CNE) ha manifestado su profunda preocupación acerca del serio riesgo que enfrenta el sistema electoral colombiano tras la reciente decisión del gobierno nacional de reducir drásticamente el presupuesto destinado a esta área en un 56.75% hasta 2025. Este recorte, comunicado por el Ministerio de Finanzas mediante la resolución 0069 del 24 de enero, impacta directamente el componente electoral, lo que plantea dudas sobre la viabilidad de implementar algunos procesos fundamentales en los próximos años.
El presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada Arunduaga, no ha escatimado en expresar su inquietud sobre esta problemática: «El aplazamiento del presupuesto afecta el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales y legales. Procesos esenciales como las elecciones atípicas, la formación de consejos juveniles en la ciudad, y las actividades preparatorias relacionadas con las elecciones del Congreso y la Presidencia programadas para 2026 están en grave peligro”. La magnitud de esta reducción, por lo tanto, arrastra consigo una serie de consecuencias preocupantes que podrían desdibujar la integridad del sistema democrático colombiano.
Prada ha subrayado que este recorte afecta aspectos fundamentales, tales como la presencia de testigos electorales, auditorías, mecanismos de control y los componentes tecnológicos que son cruciales para garantizar la transparencia y legitimidad de las elecciones. “Instamos al gobierno a reconsiderar esta decisión y a no descartar la posibilidad de medidas legales que permitan revertirla. También hemos solicitado la intervención de las autoridades de control pertinentes para evitar así cualquier influencia negativa en la democracia del país”, añadió el presidente del CNE, haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer las estructuras que sostienen el proceso electoral.
En particular, la región de Antioquia reviste una importancia notable, ya que esta subregión se enfrenta a dos escenarios electorales significativos. En un primer plano, se está discutiendo la creación de un área metropolitana en el valle de San Nicolás, impulso que cuenta con el respaldo de alcaldes y del gobierno. Por otro lado, se ha presentado una petición ante la Veeduría para cancelar el mandato en la comuna de Guarne. Los efectos de las limitaciones presupuestarias podrían tener repercusiones severas sobre ambas iniciativas, siendo estas vitales para la gobernabilidad local y la interacción de la comunidad.
El Registro Nacional también ha manifestado su alarma respecto a las implicaciones que conlleva esta reducción presupuestaria, alineándose con el CNE en la preocupación de que estas limitaciones amenazan la capacidad de organizar adecuadamente los procesos electorales, incluyendo las elecciones parlamentarias que están programadas para el 8 de marzo de 2026. “La falta de recursos no solo afecta la logística de la organización electoral, sino que también socava la confianza en el sistema electoral”, alertó una fuente de la agencia, subrayando la necesidad de una atención urgente a este asunto tan crítico.
A la luz de esta situación, las autoridades electorales reiteran la necesidad imperiosa de asegurar la disponibilidad de recursos necesarios que permitan proteger el derecho de los ciudadanos a participar en elecciones que sean libres, honestas y transparentes. Las limitaciones presupuestarias no solo impactan a las entidades encargadas de la organización electoral, sino que representan una amenaza directa para los procesos democráticos en regiones como Antioquia Oriental, donde las decisiones que se toman afectan profundamente el bienestar de las comunidades locales.
