El crimen organizado se desarrolló más rápido que el Estado. Esta fue la conclusión que dejó la intervención Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerraante la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral.
Allí reveló la figura que encendió la alarma: Clan del Golfo incrementó su capacidad en 653 por ciento recursos armados, operativos y humanos en este departamento durante los últimos cinco años.
No se trata sólo de una expansión numérica, sino territorial, económica y social.
Según el presidente, la estructura criminal hoy se extiende del sur al norte del Magdalena, consolidando corredores estratégicos para el narcotráfico, imponiendo tarifas exorbitantes a comerciantes y agricultores y Reclutamiento de menores para vigilancia, cobranza y trabajos por contrato.
«Estamos asistiendo a la consolidación de una delincuencia con una capacidad de intimidación que supera la respuesta institucional. Necesitamos medidas urgentes», dijo anteriormente Guerra. Ministro del Interior Armando Benedetti, El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el Secretario Nacional, Hernán Penagos.
El crecimiento se siente en la economía.
En las zonas rurales del sur del departamento, los líderes comunitarios describen un patrón recurrente: llamadas telefónicas intimidantes, folletos, pagos obligatorios para poder vender productos agrícolas y amenazas contra quienes se niegan a pagar.
“Ya no es un rumor, es una estructura organizada. Cobran por cabeza de ganado, por carga de yuca, por cada negocio que abren. Los que no pagan licencia o son silenciados– dice un líder social del centro de Magdalena, quien pidió que se mantenga en reserva su identidad por motivos de seguridad.
La gobernadora Margarita Guerra presentó un panorama de seguridad al gobierno nacional. Foto:Gobernación
Este fenómeno afectó particularmente al sector agrícola. Ganaderos y comerciantes denuncian que la extorsión se ha vuelto sistemática y que el grupo armado opera como una empresa ilegal formalizada con jerarquía, funciones específicas y control de rutas ilegales.
Según Sergio Quintero, analista de seguridad pública consultado por EL TIEMPO, el crecimiento es resultado de una confluencia de factores: «En las zonas rurales hay vacíos institucionales, disputas por corredores estratégicos y una economía ilícita consolidada. Cuando el Estado no logra ocupar territorio a través de inversión social y presencia permanente, otros actores ocupan el espacio».
La ley del miedo
Uno de los aspectos más inquietantes del diagnóstico oficial es la imposición de reglas paralelas. Se distribuyeron folletos en varios municipios informando qué negocios podían abrir, a qué hora podían cerrar y quién estaba «autorizado» a operar.
Según líderes comunitarios, luego de varios asesinatos carteles informando sobre crímeneslo que las autoridades interpretan como una estrategia deliberada para aumentar el terror.
“Cuando asesinan y dejan marcas, no sólo eliminan a una persona. Envían un mensaje a toda la comunidad– explicó otro representante de la comunidad afectada.
Según los expertos, este esquema pretende consolidar la dominación territorial a través de intimidaciones sistemáticas e incluso prácticas que podrían formar parte de dinámicas de «limpieza social».
Elecciones bajo presión
La alerta más delicada emitida por el gobernador Guerra se refiere al proceso electoral del 8 de marzo. El presidente advirtió que la expansión criminal puede entrar en la escena política, provocando supuestas presiones sobre el electorado y el riesgo de financiamiento ilegal de campañas.
«Queremos elecciones libres y seguras. No podemos permitir que las armas interfieran con la democracia», afirmó.
La acusación fue planteada ante autoridades nacionales y organismos reguladores en un ambiente de preocupación posibilidad de cooptar el liderazgo local.
El investigador de conflictos armados Alberto Medina advierte que «una vez que un grupo armado logra hacerse con el control de una economía y un territorio, el siguiente paso suele ser influir en las decisiones políticas. No necesariamente a través de sus propios candidatos visibles, sino a través de alianzas o restricciones tácitas».
Dos estructuras y una población atrapada
La situación se agrava con la presencia de otra entidad armada en la zona norte: las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, antes Los Pachenca. Ambas estructuras cuestionan corredores estratégicos.
La policía intenta mantener una presencia constante en las zonas rurales. Foto:Policía
Esta confrontación dejó a los civiles en el centro de amenazas cruzadas, asesinatos selectivos y control económico.
«El agricultor está en una trampa. Si habla con uno, el otro lo acusa. Si no paga, lo culpan. La gente vive con miedo», dice el alcalde de la comuna de la subregión norte.
llamada urgente
El diagnóstico presentado por el Gobierno deja una conclusión inquietante: Magdalena enfrenta una transformación de su mapa de seguridad.
A medida que aumenta el número de expansiones, también aumenta el temor de que la fuerza militar no sólo controle las economías ilegales y legales, sino que eventualmente influya en ellas. decisiones democráticas.
La advertencia ya está en manos del Gobierno Nacional. Las expectativas de la población se refieren a las medidas que se tomarán y a si serán efectivas hasta que se recupere el control del territorio.