El gobierno chino ha intensificado su campaña contra las iglesias no registradas y ha arrestado a varios pastores acusados de realizar actividades religiosas sin permiso del Estado. Las autoridades cerraron templos y confiscaron materiales religiosos, reafirmando su política de «control total» sobre las prácticas religiosas en el país.
La medida generó preocupación internacional por la creciente persecución de las comunidades cristianas independientes, especialmente aquellas que operan fuera del marco oficial del Partido Comunista.
Iglesias bajo supervisión y control estatal
Según los medios locales y grupos de derechos humanos, las actividades se centraron en provincias como Henan, Anhui y Sichuan, que albergan muchas congregaciones nacionales no reconocidas por el Estado. Los templos cerrados pertenecían a iglesias protestantes independientes, y muchos de ellos tenían décadas de historia y una fuerte base social.
El gobierno chino exige que todas las comunidades religiosas se registren en la Administración Estatal de Asuntos Religiosos y se sometan a la supervisión directa del partido. Cualquier grupo que no haga esto se considera ilegal y está sujeto a sanciones.
Pastores arrestados y materiales confiscados
Varios líderes religiosos fueron detenidos acusados de «perturbar el orden público» y «operar organizaciones ilegales». En algunos casos, las autoridades confiscaron Biblias, equipos audiovisuales y documentación relacionada con donaciones o actividades misioneras.
Los activistas denuncian que estos arrestos son parte de una estrategia para eliminar cualquier espacio para la independencia espiritual. «El gobierno intenta controlar no sólo la religión, sino también la conciencia de la gente», afirmó un portavoz de la organización estadounidense ChinaAid.
Control ideológico extremo
El endurecimiento de la política religiosa forma parte del plan del Estado para «sinizar» la fe, adaptando todas las prácticas a los valores y directrices del Partido Comunista. Este programa incluye la revisión de los sermones, la sustitución de símbolos religiosos por imágenes de líderes políticos y la prohibición de enseñar la fe a menores.
Los expertos han advertido que este nuevo nivel de vigilancia podría marcar el comienzo de una fase de control religioso extremo, que afectaría a todas las religiones, incluidas las comunidades católica, musulmana y budista sin vínculos con el Estado.
Reacción internacional
Varios grupos de derechos humanos han pedido a Beijing que respete la libertad religiosa y libere a los pastores detenidos. El gobierno chino, sin embargo, sostiene que sus acciones tienen como objetivo mantener la «estabilidad social» y evitar la «infiltración extranjera» en los asuntos religiosos.
A medida que se intensifica el control ideológico, la fe en China enfrenta uno de sus mayores desafíos modernos: sobrevivir bajo estricta vigilancia estatal.
