El miércoles 23 de abril se lleva a cabo el muy publicitado juicio preparatorio oral contra Nicolás Petro Burgos, quien enfrenta serias acusaciones relacionadas con delitos de enriquecimiento ilegal y lavado de dinero. Este proceso ha captado la atención no solo de los medios, sino también del público en general, dadas las implicaciones políticas y sociales que conlleva.
En la sesión previa, que tuvo lugar un día antes, se produjo la segunda diligencia del mes en curso. Durante esta reunión, la defensa de Petro Burgos presentó pruebas que, según afirman, demostrarán su inocencia en cuanto a los cargos de lavado de dinero vinculados con sus empresas y la Fundación Social Conscious (FUCOSO). Este anuncio de evidencia se percibe como un intento de la defensa para desestimar las acusaciones que pesan sobre el acusado y refutar las alegaciones de que los fondos se han manejado de manera ilegal.
En esta misma línea, el abogado defensor de Alejandro Carranz planteó una cuestión importante ante el juez Hugo Carbonó. La defensa solicitó el permiso para considerar la opinión psicológica de un análisis realizado a Daysuris Vásquez, quien ha presentado quejas en contra del exdiputado. Además, se solicitó un examen financiero que investigate la sociedad matrimonial entre Nicolás Petro Burgos y Vásquez Castro, lo que podría aportar contexto adicional al caso.
Tercera audiencia consecutiva. Foto:Captura de video
En la audiencia actual, la defensa también tomó un enfoque novedoso al interrogar al árbitro de Tigo Colombia, afirmando que se puede evidenciar que un número de teléfono asociado con los crímenes denunciados no ha sido acusado formalmente. «Se enviaron mensajes en su nombre, pero no es él. Vamos a revelar quién realmente utilizó esta tarjeta SIM con el nombre que se mencionó, y además discutiremos sobre la aprobación de ciertas informaciones gestionadas directamente por Nicolás Petro, las cuales son cruciales para entender los recursos involucrados en este caso», expresaron los representantes legales.
Indica «arbitrariedad» en un grupo de tareas especiales
Uno de los puntos más destacados que el abogado defensor subrayó en los días recientes fue la cuestión del «prejuicio institucional» de la oficina del fiscal. Denunció posibles irregularidades en las acciones de la fiscalía y añadió que el miércoles presentó nueva evidencia contra el grupo de tareas especiales que están implicados en la acusación.
El defensor argumentó: «La arbitrariedad, en el contexto de esta defensa, se cometió en el momento mismo de la creación de este grupo de tareas especiales. Queremos llevar a cabo un análisis exhaustivo durante la audiencia para determinar si, efectivamente, se trató de un fenómeno criminológico que justificara este enfoque. Esto implica considerar si realmente se encontraban ante un fenómeno penal internacional y especial que abordara la situación», concluyó.
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Deivis López Ortega
Corresponsal de El Tiempo
Barriga
