Un reciente informe emitido por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) resalta la preocupante situación de al menos 47,000 personas que residen en Inzá y Páez, en el este de Cauca. Estas comunidades enfrentan una serie de desafíos que limitan su movilidad y afectan su calidad de vida, debido a las disputas entre grupos armados y otras actividades que evidencian su persistente presencia en la región. Las tensiones generadas por estas disputas han convertido esta área en un punto crítico donde el desplazamiento y la inseguridad se han vuelto moneda común.
Recientemente, los ataques a las fuerzas públicas y a la población civil se han incrementado, especialmente en las zonas de Santander de Quilichao, al norte de Cauca. Uno de los eventos más alarmantes ocurrió en las zonas urbanas y en el corregimiento de Mondomo durante el miércoles y jueves santo, es decir, el 16 y 17 de abril, donde se registraron incidentes graves que alarmaron a la comunidad.
DISIDS atacados con explosivos en Mondomo.
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En este contexto, «hay 47,000 afrocolombianos, indígenas y campesinos de los municipios de Inzá y Páez que enfrentan restricciones significativas en su movilidad, lo que a su vez dificulta la seguridad alimentaria y afecta el desarrollo comunitario y su autonomía económica. Además, limita la práctica de sus tradiciones. La presencia activa de grupos armados no estatales (NSAG) y el control que ejercen sobre la zona han influido gravemente en el acceso a servicios básicos», así lo indica el texto de la ONU.
Reclutamiento de menores rescatados por las autoridades.
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Fuerzas militares
A pesar del gran número de casos documentados sobre el reclutamiento y uso de menores, hay tres factores que agravan la situación: la escasa reportación por parte de las familias y comunidades, la limitada respuesta institucional en cuanto a la prevención y atención frente a los reclutamientos, y las amenazas constantes de los NSAG, que mantienen a la población en un estado de miedo y desinformación.
En vista de esta grave situación, las comunidades han solicitado a las Naciones Unidas que implementen medidas eficaces para prevenir y responder al reclutamiento forzado de jóvenes, al mismo tiempo que se requiere protección comunitaria.
El informe de OCHA señala que «se necesita urgentemente fortalecer la protección integral de la comunidad, implementar rutas que satisfagan las necesidades de seguridad y proteger los derechos de niños, adolescentes, líderes sociales y comunitarios, así como promover el acceso a información y servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, la igualdad de género y la prevención de la violencia».
En Inzá y Páez
Del 26 de febrero al 7 de marzo de este año, se llevaron a cabo evaluaciones comunitarias (EPC) en los municipios de Inzá y Páez, en colaboración con UNICEF y OCHA. Gracias a esta evaluación, se pudo recopilar información vital sobre las necesidades humanitarias y recomendaciones por parte de la comunidad para responder adecuadamente a la crisis humanitaria y realizar acciones institucionales. En este diálogo, se trabajó con grupos de entre dos y cinco personas, integrando tanto a nativos como a campesinos.
«Entre los hallazgos más preocupantes de las EPC, se destacó el incremento en el reclutamiento de niños y jóvenes, la imposición de códigos de conducta, el ejercicio de extorsión, amenazas, asesinatos, y la retirada ilegal de diferentes NSAG que operan en la región, así como las confrontaciones que han generado un clima de tensión e inseguridad», se detalla en el informe.
Nota sobre los heridos en Mondomo, Cauca.
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Santiago Saldarriaga / Special Envíe el tiempo
Más de 800,000 personas enfrentan una crisis humanitaria severa
Otro informe del país humanitario (EHP) revela que Cauca está atravesando actualmente una crisis humanitaria muy grave. Más de 800,000 personas enfrentan severas limitaciones en su movilidad y en el acceso a servicios necesarios como educación, salud mental, salud sexual y alimentación, en gran medida, debido a los conflictos armados que se desarrollan en la región.
«Estamos sumamente preocupados por la crisis humanitaria que vivimos y por las constantes violaciones a la ley humanitaria internacional, que atentan contra la vida de miles de civiles», explicó EHP en su declaración, remarcando que la población civil es víctima de ataques directos y de la amenaza constante de minas antipersona y otros armamentos que se encuentran en los conflictos.
Este conflicto ha impactado de manera desproporcionada a niños, jóvenes, mujeres embarazadas, bebés, personas con discapacidades y adultos mayores.
Los líderes sociales, defensores de los derechos humanos y firmantes de los acuerdos de paz se encuentran particularmente amenazados debido a las constantes agresiones que reciben.
En lo que va de 2024, se han registrado al menos 47 incidentes que han afectado el acceso humanitario y han incluido ataques directos a misiones médicas, limitando severamente la capacidad de las organizaciones para ofrecer asistencia a la población afectada.
Michel Romolaux
Especial a tiempo
Popayán
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