«Es como si nos hubieran querido poner a rezar, porque una situación como esta solo la salva Dios». Esas fueron las palabras del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras radicar una acción de nulidad y medida cautelar contra la Resolución 00027 del 27 de marzo de 2026.
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La decisión, a través de la cual se suspendieron las órdenes de captura contra 23 cabecillas históricos de los grupos delincuenciales organizados del Valle de Aburrá, fue emitida por la Fiscalía General de la Nación.
Cabecillas del Valle de Aburrá a los que les suspenden la orden de captura. Foto:Archivo particular
La polémica por la decisión de la Fiscalía
Los argumentos del ente acusador radican en que los beneficiados actualmente fungen como voceros de la mesa de paz urbana de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, entre el Gobierno Nacional y estas estructuras. Y aclaran que esto no implica su liberación, sino ciertas gabelas para desplazarse a ciertos lugares del Valle de Aburrá y a Bogotá, en el marco de los diálogos con el Ejecutivo.
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Rendón ha sido uno de los personajes del ámbito político nacional que se ha mostrado más crítico ante la medida implementada por la Fiscalía, en el marco de los procesos de paz urbana que se adelantan en la región desde hace algo más de tres años entre los cabecillas convictos y el Estado para buscar desescalar la violencia en las comunas del Valle de Aburrá.
23 cabecillas de la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí. Foto:Archivo particular.
Tras la sanción de la resolución a finales de marzo, el gobernador aseguró que esta decisión era una afrenta contra las víctimas y las fuerzas públicas.
Precisamente en ese sentido, días atrás Rendón anunció que interpondría una acción legal cuyo objetivo sería ‘tumbar’ la resolución que, según ha dicho, tiene propósitos electorales y sus efectos. Una de las gabelas a las que accederían los capos que más le preocupa al mandatario departamental es la posibilidad de acudir a los barrios para articular acciones de paz.
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Gobernador la presentó acción de nulidad
El gobernador de Antioquia acudió este lunes 6 de abril al Consejo de Estado, donde presentó la demanda contra la resolución y, posteriormente, se pronunció al respecto de la misma y de sus efectos.
«Acabamos de radicar una demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar para que se suspendan rápidamente los efectos de esta resolución equivocada expedida por la fiscal general de la Nación el pasado 27 de marzo. Esto le da una patente de movilidad a 23 criminales de los más peligrosos por aquellos sitios que constituyen el 70 por ciento del potencial electoral de Antioquia: el Valle de Aburrá y Rionegro«, inició explicando Rendón.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, radicó la demanda de nulidad contra la resolución. Foto:Stefanía León. EL TIEMPO
También reveló que ya fue radicada y que le correspondió al magistrado del Consejo de Estado Carlos Fernando Mantilla Navarro.
El gobernador añadió: «No queremos que ocurra lo que infortunadamente ha tomado lugar en otras latitudes del país, donde hay presencia de actores ilegales y constriñen a la gente y que es donde casualmente el partido de gobierno ha obtenido votaciones muy superiores a las de otras colectividades. Quieren coartar, de cara a este proceso electoral, la decisión libre que suelen tomar mis paisanos en estas zonas».
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Luego, Rendón aseguró que esta medida respondería a una presunta intención del Gobierno para inclinar la balanza electoral del departamento a través de la presión que puedan ejercer estos individuos en las comunas del Valle de Aburrá.
«No quepa la menor duda de que esto tiene una clara pretensión electoral. ¿Cómo, después de estar condenados estos criminales, les dan patente para moverse e ir a los sitios donde han ejercido violencia: homicidios, desplazamientos, secuestros, extorsiones…? ¿Qué piensan las víctimas de estas manifestaciones de violencia? ¿Qué va a decirle el Estado a los servidores públicos que arriesgaron su vida para poner a estos criminales tras las rejas?», advirtió el mandatario antioqueño.
El ‘tarimazo’ con capos en La Alpujarra en Medellín. Foto:JAVIER NIETO ÁLVAREZ
Seguido, el gobernador criticó con severidad la actuación de la fiscal general, Luz Adriana Camargo: «Aquí lo que está en juego es un acuerdo tácito entre el Gobierno y la fiscal, de querer parecer duros, sobre todo ante el Gobierno estadounidense, que ha ofrecido hasta 5 millones de dólares por Calarcá. La fiscal va a Palacio a pedir como permiso a levantar la orden de captura para después dejar en libertad a 23 criminales que son tan o más peligrosos que Calarcá; alias ‘Tom’ es comparado con Escobar, alias ‘El Montañero’ es el principal causante del incremento de muertes violentas en el oriente, entonces, no nos vengan a poner ese tipo de contradicciones en evidencia como si fuéramos pendejos».
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Finalmente, tras dejar radicada la demanda, Andrés Julián Rendón expresó: «Esperamos que, en una democracia como la que todavía hoy sostenemos, donde hay separación de poderes, ojalá el Consejo de Estado pueda reversar esta situación«.
Los argumentos de la solicitud de nulidad
EL TIEMPO tuvo acceso tanto a la demanda de nulidad como a la medida cautelar (cuyo objetivo principal es que la resolución no tenga efecto mientras se llega a una decisión en el Consejo de Estado) presentadas por el gobernador, en las cuales se encuentran los argumentos jurídicos a los que apelan las autoridades del Valle de Aburrá para evitar que esta decisión llegue avante.
Cabecillas de las estructuras criminales de Medellín, miembros de la mesa de paz. Foto:Jaiver Nieto Álvarez
El argumento central es que ese acto administrativo, expedido en el marco de los acercamientos de paz del Gobierno, ya está produciendo efectos materiales, como la liberación o movilidad de personas condenadas, y, por tanto, genera riesgos inmediatos para la seguridad y la administración de justicia.
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La acción interpuesta es una nulidad simple, un mecanismo que permite retirar del orden jurídico actos administrativos que contradicen normas superiores, sin necesidad de demostrar un perjuicio particular. En este caso, el Departamento sostiene que la resolución de la Fiscalía vulnera la Constitución, la ley y compromisos internacionales, por lo que debe ser anulada en su totalidad.
Reacción de Julián Rendón, gobernador de Antioquia Foto:Suministrada
El eje de la demanda es un argumento constitucional: la Fiscalía habría interferido en decisiones judiciales al suspender órdenes de captura vigentes sin un control judicial efectivo. Según el documento, esto rompe el principio de separación de poderes, pues una autoridad administrativa termina incidiendo en la ejecución de decisiones adoptadas por jueces dentro de procesos penales.
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«La Resolución No. 00072 de 2026 compromete directamente la función jurisdiccional penal al suspender los efectos de órdenes de captura previamente emitidas dentro de procesos judiciales, sin que medie un control judicial material, autónomo y suficiente. Ello supone una alteración del equilibrio entre las ramas del poder público, en tanto permite que una decisión administrativa incida en la operatividad de decisiones judiciales, contrariando el diseño constitucional del Estado de Derecho«, se puede leer en el documento.
Consejo de Estado. Foto:Jesús Blanquicet
En esa misma línea, el gobernador sostiene que la medida desnaturaliza la función jurisdiccional, ya que deja sin efecto práctico decisiones que ordenan la privación de la libertad. Esto, advierte, no solo afecta la independencia judicial, sino que también debilita el funcionamiento del sistema penal al impedir que se materialicen las capturas ordenadas en derecho.
Otro bloque central de la demanda se concentra en la Ley 2272 de 2022, que regula los acercamientos con estructuras criminales. La Gobernación argumenta que la resolución desconoce una decisión de la Corte Constitucional que «deja en claro que la excarcelación de personas privadas de la libertad mediante su nombramiento como voceros no está actualmente permitida en el ordenamiento jurídico colombiano».
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De acuerdo con el mandatario departamental, en la práctica, la medida de la Fiscalía produce ese mismo efecto al permitir la salida o circulación de condenados.
Además, señala que tampoco se cumplen los requisitos estrictos que la ley exige para suspender órdenes de captura: no hay verificación individual de cada beneficiario, no se demuestra la necesidad de la medida caso por caso y no existe un análisis de proporcionalidad. En cambio, sostiene, la decisión se aplicó de forma generalizada a los 23 casos, sin justificación concreta.
Miembros de la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí presentes en el acto del presidente. Foto:Jaiver Nieto Álvarez
La demanda también advierte una afectación a los derechos de las víctimas, en particular al acceso a la justicia y al cumplimiento de las decisiones judiciales, protegidos tanto por la Constitución como por tratados internacionales. En ese sentido, argumenta que la suspensión de capturas puede derivar en escenarios de impunidad y en el incumplimiento de obligaciones del Estado de investigar, juzgar y sancionar delitos graves.
«La Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la justicia incluye que no exista impunidad y supone la facultad para acceder a un recurso judicial efectivo
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con el objeto de que el agresor sea juzgado y sancionado efectivamente, con el correlato del deber del Estado de investigar y juzgar a los autores del delito garantizando las reglas del debido proceso«, reza la demanda.
Finalmente, el Departamento cuestiona la legalidad del acto por vicios propios del derecho administrativo: falta de motivación suficiente, errores en la verificación de los beneficiarios y posible desviación de poder.
Miembros de la mesa de paz urbana de la cárcel de Itagüí presentes en el acto del presidente. Foto:Jaiver Nieto Álvarez
«La Resolución No. 00072 de 2026 desconoce abiertamente estos estándares: adopta la suspensión de órdenes de captura sin verificación individual efectiva de los beneficiarios, sin acreditar condiciones concretas orientadas a la satisfacción de los derechos de las víctimas y sin evidenciar un control sustancial por parte de la Fiscalía, transformando así un instrumento excepcional de justicia transicional en una medida de aplicación amplia, carente de verificación material«, se argumenta en el documento.
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Todo esto, sumado a que varios de los favorecidos son condenados por delitos graves y algunos ya estaban privados de la libertad, según la demanda, refuerza la necesidad de que el Consejo de Estado suspenda y posteriormente anule la resolución.
Lea aquí la demanda de nulidad de la Resolución No. 00072 de 2026.
NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE
Periodista de Nación, en Medellín.