La medida dispuesta por el DNP involucra hasta 10.000 millones de pesos, recursos que no han sido utilizados en el mencionado proyecto en el sureño municipio de Nariño.
La alcaldía de Ipiales enfrenta un embargo de cuentas oficiales por hasta 10 mil millones de pesos durante el proceso administrativo relacionado con la construcción inconclusa de un hospital de primer nivel contratado en 2017.
La decisión fue tomada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tras encontrar inconsistencia con el proyecto financiado por el Sistema General de Participaciones (SGP).
Según el acto administrativo, el municipio deberá reembolsar inicialmente 3.800 millones de pesos, y este monto, incluyendo intereses y actualizaciones, ya supera los 8 mil millones.
El Ministerio de Finanzas advirtió que los efectos podrían amenazar gravemente la estabilidad financiera de los gobiernos locales. El secretario de Hacienda, Sebastián Folleco, explicó que esta obligación refleja decisiones tomadas en administraciones anteriores. El funcionario aseguró que ya se encuentran en marcha acciones legales y gestiones institucionales para revisar el alcance de la solución.
Golpear
Folleco indicó que se ha iniciado un acercamiento formal con la Dirección del DNP para analizar el proceso y explorar soluciones alternativas para mitigar los impactos fiscales. El embargo afecta directamente los flujos de caja de los municipios, lo que puede dificultar el cumplimiento de sus obligaciones básicas. Las responsabilidades en riesgo incluyen el pago de salarios a funcionarios y docentes, así como el financiamiento de programas sociales. Uno de los programas que puede verse afectado es el Plan de Nutrición Escolar (PAE), un tema clave para cientos de estudiantes de la comuna. La administración advirtió que la situación requiere una revisión de la planificación presupuestaria actual.
De manera similar se evalúan estrategias financieras para evitar la paralización en la prestación de servicios públicos. El hospital inacabado es desde hace varios años uno de los proyectos más controvertidos en la ciudad fronteriza. El trabajo que pretendía fortalecer la atención de salud de primer nivel nunca se materializó.
Deberes
El Ministerio de Hacienda también anunció una evaluación de posibles acciones reiteradas contra los exalcaldes Ricardo Romero y Luis Fernando Villota. La administración cree que las decisiones administrativas que han creado imprevisibilidad económica pueden implicar responsabilidades.
El objetivo de estas acciones sería recuperar fondos públicos y establecer obligaciones individuales. Mientras tanto, la comuna se enfrenta a uno de los escenarios financieros más complejos de los últimos años. Los ciudadanos siguen de cerca las decisiones tomadas por la administración para garantizar la continuidad de los servicios básicos.
Se continúa revisando el proceso y se buscan soluciones que reduzcan la carga económica sin impactar a la comunidad Ipialeña.
Sebastián Folleco, secretario.