El Tribunal Supremo de Barranquilla ha tomado una decisión crucial en el contexto del caso relacionado con el presunto Robo de tierra en Barranquilla y Soledad. Este fallo establece que el Juez 101 Criminal Municipal de Control de la Garantía de las Ambulancias, Ángel Augusto Monroy Rodríguez, posee la autoridad necesaria para llevar a cabo interrogatorios y gestionar una solicitud de un seguro de protección contra las personas que han sido apresadas en este asunto.
Esta resolución del Tribunal Supremo revierte una declaración previa en la que el juez Monroy Rodríguez se consideraba incompetente, basando su decisión en el hecho de que su especialización estaba enfocado en casos relacionados con grupos armados organizados (GAO) y grupos criminales organizados (GDO).
La oposición a esta postura fue vehemente, especialmente por parte de los representantes de las víctimas que se vieron obligados a llevar el asunto a una instancia superior. El abogado que representa a las víctimas, Alfonso Cameran, enfatizó durante el juicio la naturaleza «precipitada» de la decisión del juez, advirtiendo sobre el riesgo de nulidad del proceso que podría resultar de esta situación.
Entre ellos hay funcionarios públicos.
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Prensa de la policía de Barranquilla
En su providencia, el Tribunal Supremo dictaminó que el caso debería ser remitido al Tribunal de Origen, específicamente a la Cooperación de copias a la sección del Comité de Disciplina Atlántica, donde se desarrollará una investigación disciplinaria contra el árbitro Monroy Rodríguez.
El Tribunal fue claro al señalar que la actuación del juez «también conspira en contra del debido juicio sin demoras injustificadas y derechos fundamentales de los usuarios del servicio de justicia».
Los representantes de las víctimas expresaron una profunda preocupación ante el temor de que esta demora «injustificada» podría resultar en la liberación de 17 personas que fueron capturadas en relación con este caso. Es relevante destacar que 16 de las 17 capturas ya han sido consideradas legales. La única excepción fue la del inspector de policía Marlon Mora Montesino, cuya detención fue considerada ilegal debido a un error de redacción en una decisión judicial.
Ana Dolores Meza Caballero, la segunda notaria pública, fue capturada por la policía.
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Involucrados
Las personas implicadas en este supuesto robo de tierra incluyen nombres significativos como Juan Manuel Ucrós Ucrós, Registrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, del Oficina Legal del Alcalde de Soledad; José Luis Pacco Teherán, abogado calificado en la oficina pública de instrumentos de Soledad; Iván Páez, Secretario de Soledad; y David de Castro, ex-Registrador de Soledad.
La lista de involucrados se extiende, y también incluye a Neissy Cantillo del Toro, ex-inspector de policía de Soledad; Ismael Cárcamo e Inés Salas, identificados como elementos de corrupción; así como al abogado José Márquez; Francisco Mejía, notario público en Santo Tomás; y procesadores como Luis Martínez. Otros abogados como Rafael Bossio y Alex Ahumada son parte del entramado, al igual que los mencionados Wilmar Machuca y José Peñaloza, señalados como cómplices irregulares; y Roque José Lug, quien se espera que sea un testigo controvertido. No obstante, la captura de la segunda notaria, Ana Dolores Meza Caballero, fue realizada recientemente, aportando un nuevo elemento a este caso en desarrollo.
De acuerdo con la resolución del Tribunal Supremo, se ha fijado que la audiencia resumida contra los capturados se llevará a cabo el próximo martes 29 de abril, lo que representa un avance en este caso tan complejo.
Las autoridades revelaron más detalles sobre este tema.
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