A finales de mayo, el alcalde de Federico Gutiérrez anunció que había presentado acciones populares contra el gobierno nacional en función de la deuda entre los hospitales del país, argumentando que la vida y la salud de millones de colombianos están amenazados.
En la mañana del 11 de julio, la antioquia del Tribunal Administrativo era el derecho al presidente de la ciudad y ordenó al país que llamara la atención de la deuda existente en hospitales públicos y privados del país dentro de los 30 días, además proporcionando recursos que les permiten actuar con un flujo normal.
El 29 de mayo, el alcalde de Gutiérrez dijo: «El Ministerio de Salud y Superintendencia intervino EPS sin una garantía de recursos de IPS. Hay hospitales que reciben solo el 6 por ciento de lo que deben de mes a mes. Esta asfixia no es un accidente: esta es una estrategia».
En la misma línea, Gutiérrez agregó: «Si su plan era destruir el sistema, lo logran. Y por lo tanto los hago directamente responsables. Estoy del lado de las personas. Y no permaneceré en silencio mientras otros juegan su salud».
Al redondear su argumento, el alcalde de Medellín condenado: «Exigimos porque lo que está amenazado no es un modelo. Esta es la vida».
En este sentido, la misma tarde del 29 de mayo, la administración del distrito presentó una acción popular ante la Corte Suprema en Antioquia.
«Los jueces honorarios interfieren con esta acción popular, sin constituciones de entidades operativas, al comprender que la vida y la salud de la población están expuestas al riesgo directo».
De esta manera, comenzó la sección de documentos, en la que la Administración Regional de Medellín recurrió a la Corte en un texto de 36 páginas, que imponen las medidas preventivas al Ministerio de Salud y Protección Social, National Health Hall, Coosaluds, New EPS y Sanitas.
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